En el actual contexto de financiarización global, una política económica con apertura total de la cuenta capital constituye un obstáculo primario para el crecimiento económico y la generación de empleo decente. Del mismo modo, una opción únicamente basada en la estimulación de la demanda también resultará insuficiente. ¿Hacia dónde irá el excedente en un contexto internacional y nacional de financiarización y fuga?

La aceleración del endeudamiento público constituye un factor que abreva a la pérdida de soberanía. En 18 meses de gestión la deuda se ha incrementado en un valor equivalente a 14 puntos del PIB. Mientras tanto, la fuga ha alcanzado récords históricos. Esta dinámica de endeudamiento y fuga se evidencia en un nivel decreciente de reservas internacionales.

Durante los primeros cinco meses del año 2017, el atesoramiento en moneda extranjera alcanzó un total de 16.500 millones de dólares. Se trata de un máximo en la serie disponible desde el 2003. Los datos evidencian que el principal factor de vulnerabilidad de la economía argentina continúa siendo el sector externo.

El pago de intereses de la deuda ha vuelto a representar un rubro relevante del gasto. Concomitantemente, la política monetaria del BCRA ha generado un costo cuasi fiscal, equivalente a 2 puntos del PIB, que durante el año 2016 superó las erogaciones en concepto de intereses de la deuda pagadas por parte del Tesoro Nacional.

La autolimitación del BCRA en su capacidad para financiar al Tesoro (facultades otorgadas por ley y vigentes en la mayor parte del mundo) representa un torniquete adicional y voluntario sobre la capacidad de maniobra de la política pública. Concomitantemente, representa un estímulo adicional al endeudamiento. Se trata de la mirada más rancia (y antigua) de la cosmovisión neoliberal: sujetémonos a la disciplina del mercado…

El impacto de la deuda ya ha cobrado proporciones relevantes. Para tener una idea acerca de las magnitudes involucradas, es bueno saber que los intereses de la deuda se han incrementado en un 106% y que ya equivalen a un monto similar al costo de todos los subsidios y apenas menor al total presupuestado para la inversión pública.

Aún cuando la actividad económica repunte este año (en torno a valores muy modestos: un 2%), su trayectoria ya permite pronosticar un impacto débil tanto sobre el empleo como sobre el consumo. La pérdida de participación del valor agregado industrial representa una muy mala noticia para la economía argentina y para sus trabajadores.

Los últimos datos disponibles vinculados con la evolución del mercado de trabajo ya evidencian un aumento importante en las tasas de desempleo y subempleo.

El empleo total “formal” fue recuperándose hasta alcanzar en marzo los niveles vigentes a fines de 2015. Hilando un poco más fino, se observa que el incremento en el empleo registrado no se explica por un aumento del empleo privado formal, sino por el aumento en la cantidad de trabajadores que aportan al régimen del monotributo y, en menor medida, a la expansión del empleo público.

El salto en el número de trabajadores monotributistas está vinculado con la decisión del Gobierno respecto a la ampliación de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo. De acuerdo con los datos oficiales, el incremento en el monotributo explica el 67% del aumento en el empleo total, mientras que la contratación de empleados públicos representa un 22% adicional.

La totalidad de la expansión del empleo formal privado se explica por el aumento de los contratos con duración determinada, así como también las contrataciones realizadas a través de agencias de empleo eventual. Vuelven las formas “flexibilizadas” de contratación.

De la información oficial también se deprende que los despidos sin causa representan una característica del nuevo ciclo económico. En los últimos dos años se verifican niveles de despidos sin causa que representan los valores más elevados desde el año en que se comenzó a relevar el indicador (2005).