Informe del mes de noviembre de 2019
Sumario
El contundente triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de octubre expresó la vocación de gran parte de la sociedad por recuperar el camino de la producción y el trabajo en la Argentina. Cuatro años de neoliberalismo explícito dejan una situación muy delicada en todos los frentes económicos y sociales. El aumento de la pobreza y el enorme endeudamiento externo son, una vez más, cara y contracara de un modelo que desde sus inicios privilegió los intereses del negocio financiero por sobre los productivos. Desandar ese camino es quizás uno de los desafíos mayores del próximo gobierno. Esa tarea deberá ser llevada a cabo en un contexto internacional y regional muy adverso.
Frente a las evidencias insoslayables de que las regulaciones cambiarias impuestas en septiembre habían resuelto solo parcialmente los efectos desestabilizadores de la fuga de capitales doméstica, el BCRA decidió la noche de las elecciones reforzar de manera significativa el control de cambios. Esta medida contribuyó a disminuir la sangría de reservas, descomprimir las tensiones en el mercado de cambios y apaciguar las expectativas devaluatorias. Hacia adelante, sostener esas expectativas constituye una condición necesaria para desacelerar el ritmo de la inflación en el marco de un programa integral de estabilización.
En ese camino, despejar la incertidumbre acerca de la renegociación de la deuda con el FMI y los acreedores privados es, a su turno, una cuestión decisiva. La definición política del Presidente electo ha sido categórica: honrar todos los compromisos asumidos por el actual gobierno y consensuar una agenda de repago consistente con el objetivo de retomar un sendero de crecimiento y empleo. No se trata de una aspiración voluntarista. Se advierten los márgenes y las condiciones necesarias para avanzar en una negociación que armonice los intereses de los acreedores con la prioridad del nuevo gobierno de recuperar solvencia a través del despliegue de políticas diametralmente opuestas a las que nos llevaron a este punto. El FMI —gran corresponsable de este desenlace crítico— no puede hacerse el distraído frente a la evidencia de que no hay espacio económico, social ni político para seguir insistiendo con su agenda convencional.
Como anticipamos muchas veces desde este Informe, el control de cambios le ha devuelto al BCRA mayor capacidad de maniobra para manejar la política monetaria y cambiaria. En ese contexto se han ampliado los espacios para bajar la tasa de interés (ya se implementó una reducción de cinco puntos porcentuales) e ir desarmando los stocks de LELIQ (se redujo casi un 30% en octubre) sin reactivar las presiones devaluatorias o producir una desmonetización de los plazos fijos depositados en los bancos. En el marco de una estrategia orientada a recuperar el crecimiento, la reactivación del crédito al sector privado tendrá un rol importante. Sin embargo, la inercia del mercado no garantiza que ello ocurra en las condiciones que demanda la economía real. Será necesario que el BCRA vuelva a ejercer sus atribuciones para impulsar y orientar el canal del crédito.
Las políticas crediticias, tributarias y de ingresos orientadas a dinamizar la demanda interna necesariamente deberán integrarse al acuerdo social propuesto por el nuevo gobierno. La generación de consensos y compromisos en torno a esa iniciativa tendrá un rol decisivo a la hora de hacer viable la estabilización de precios en un marco de recuperación del crecimiento. La armonización de la puja distributiva, hoy disimulada por la fuerte recesión económica, requiere mucho más que acuerdos de precios y salarios. Supone además institucionalizar un espacio donde se discutan otras cuestiones centrales que tornen consistentes las políticas de corto plazo dirigidas a atender la emergencia social y productiva con la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo. En ese marco, las prioridades en materia de desarrollo sectorial, el rol de los distintos actores económicos y sociales, las necesidades de inversión, las fuentes de la acumulación y la distribución del ingreso y de la riqueza deberían ser, entre otras, partes esenciales de una agenda de desarrollo y equidad.
