Informe del mes de enero de 2020
Sumario
Con la sanción de la Ley de Emergencia Económica el Gobierno ha garantizado un conjunto de instrumentos y condiciones a partir del cual abordar la difícil situación macroeconómica y social heredada. En lo que hace al frente externo, la nueva norma le otorga al Poder Ejecutivo las facultades necesarias para poder encarar la negociación de la deuda externa y despejar el horizonte de vencimientos. Pero también, al fijar un tipo de cambio más alto para los gastos particulares de consumo en el exterior (turismo y otros), así como a la compra de dólares para atesoramiento, busca disminuir el elevado peso de esos componentes sobre la cuenta corriente.
Si bien el control de cambios contribuyó a estabilizar el mercado cambiario (en noviembre pasado la fuga de capitales totalizó 101 millones, una décima parte de la dolarización de ahorros verificada antes de los controles), la insuficiencia estructural de dólares persiste. En el frente comercial este problema continúa siendo disimulado por la recesión y su impacto sobre las importaciones. En los últimos meses tal situación se vio incentivada por la conducta de los exportadores de granos, que anticiparon liquidaciones para eludir el pago de las nuevas alícuotas de las retenciones. El efecto combinado de ambos factores explica el hecho de que en noviembre de 2019 se haya registrado el mayor superávit comercial de los últimos 10 años.
El espíritu de las nuevas medidas busca moderar la salida de divisas, pero también es consistente con el objetivo de promover una desdolarización de la economía. En ese sentido se inscribe la decisión de eliminar impuestos a aquellas operaciones financieras que involucran instrumentos en pesos, como plazos fijos o títulos públicos, entre otros.
Las fuentes de financiamiento de la brecha fiscal heredada, así como de los nuevos requerimientos de recursos necesarios para atender la emergencia social y sanitaria, tienen un sesgo redistributivo importante. El mencionado impuesto del 30% a las compras de dólares sin un destino productivo constituye un componente significativo del paquete fiscal. La reinstauración de las alícuotas del impuesto a los bienes personales en los niveles previos a la disminución implementada por el gobierno anterior (y su duplicación para los activos localizados en el exterior de no mediar una repatriación parcial de los mismos) también recupera la progresividad de ese gravamen. El incremento de las retenciones, por su parte, al incorporar espacios para la segmentación para los productores más pequeños, mantiene el mismo sesgo redistributivo.
En lo que hace al sistema jubilatorio, el objetivo inmediato es recomponer de manera más sensible los ingresos de los beneficiarios de la mínima, los más castigados durante los últimos años. En paralelo, se trabaja en una modificación en el índice de movilidad que no sólo repare las inconsistencias de la reforma anterior, sino que también permita recuperar el vínculo solidario entre las jubilaciones y la dinámica del crecimiento, el empleo formal y el salario de los trabajadores activos.
La política de ingresos para la emergencia está orientada a mejorar en mayor proporción la situación de los estratos más bajos, tanto para los beneficiarios de la Seguridad Social como también en el esquema de remuneraciones de los ocupados del sector público y privado. El mecanismo de la suma fija es el más consistente con ese objetivo y, en consecuencia, es el criterio que también predominará en el corto plazo en la negociación salarial.
En el agregado, esta política de ingresos debería generar una progresiva recomposición de la capacidad de gasto de los hogares viabilizando una mejora en el consumo interno. La posibilidad de que el sector empresario pueda maximizar el impacto de esa mayor demanda en un contexto de elevada capacidad instalada ociosa esta en gran medida condicionada por la enorme asfixia financiera que enfrenta el sector. En ese marco se inscribe la decisión de impulsar una moratoria que, entre otras cosas, permite a las PyME financiar sus deudas impositivas con quitas en los intereses acumulados y un período de gracia. En igual sentido se orienta a la decisión del BCRA de reducir la tasa de interés de referencia –8 puntos porcentuales en menos de 2 semanas– y recuperar el uso de mecanismos para impulsar el crédito productivo.
El desafío que significa armonizar la recuperación progresiva de los ingresos con la desaceleración del ritmo de inflación constituye uno de los ejes centrales del Acuerdo Social, que está dando sus primeros pasos. La tranquilidad cambiaria y el congelamiento de tarifas por unos meses contribuyen en mucho en el quiebre de la elevada inercia inflacionaria. El compromiso de los principales formadores de precios para ir recomponiendo márgenes a través del incremento en sus volúmenes de ventas y no por la vía de las remarcaciones de precios es, a su turno, una condición suficiente para que ese recorrido se vaya consolidando en los próximos meses.
