Informe del mes de julio de 2020
Sumario
La implementación de una segunda vuelta de medidas de aislamiento en el Área Metropolitana se verá reflejada en un empeoramiento de las condiciones económicas y sociales. Si bien una parte mayoritaria del territorio se encuentra en fase de distanciamiento, lo cual ha habilitado el funcionamiento de sus actividades productivas, no puede ignorarse que el peso específico de la zona AMBA acota las posibilidades de la recuperación, que se proyecta más lenta.
En ese escenario el Gobierno anunció que acompañará la política sanitaria con la reedición de las medidas de auxilio a los sectores productivos y la población más vulnerable llevadas adelante durante los últimos meses. Estas consistirán en una nueva edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) focalizado en los distritos afectados. Previsiblemente, hacia adelante estos programas se readecuarán en función de realidades sectoriales y regionales muy heterogéneas.
Las políticas de ingresos, tributarias y financieras desenvueltas hasta el momento han contribuido a ponerle un piso a la caída del PIB y del empleo. Sin embargo, la incertidumbre acerca del horizonte temporal de la pandemia anticipa una prolongación del proceso de deterioro económico. En este marco, todas las proyecciones vinculadas a la economía real han sido revisadas a la baja. Nuestra nueva estimación acerca del comportamiento del PIB este año refleja una caída del orden del 10%, haciendo de la crisis actual un evento solo comparable con el derrumbe de la actividad en 2001-02.
Pero a diferencia de lo ocurrido en crisis anteriores, actualmente la situación macroeconómica no exhibe señales de inestabilidad monetaria o cambiaria que acentúen las condiciones críticas. Si bien el tipo de cambio mantiene una suave tendencia alcista, las presiones cambiarias o las expectativas devaluatorias han dejado de ser un factor de reacomodamientos permanentes de precios. Tras la sintonía fina regulatoria sobre la operatoria de bonos y los mayores controles sobre importadores impulsados por el BCRA y la CNV, la brecha cambiaria se redujo del 85% al 40% y las reservas aumentaron en 741 millones de dólares.
La ampliación del superávit externo fortalece las condiciones de tranquilidad en el mercado de cambios. Esto último no es un dato menor, en un contexto donde la prolongación en el proceso de negociación de la deuda no contribuye a atenuar el marco de incertidumbre general.
En cuanto a la deuda, el Gobierno oficializó durante el fin de semana una cuarta oferta, que será formalmente presentada en la SEC, cosa que no había sucedido en los otros casos. Y aunque eran oficiales, las propuestas se iban reformulando a medida que se sucedía el proceso de negociación. En total se hicieron cuatro ofertas. La inscripción de esta última como enmienda legal le otorga un carácter superior e intenta, de alguna manera, establecer un punto final a las conversaciones.
Igualmente, el proceso está lejos de haber concluido. Y aunque se cuenta con el apoyo de un grupo de acreedores, estos son minoritarios. Aún resta saber el grado de adhesión que tendrá esta cuarta propuesta, en especial entre los bonistas liderados por Blackrock, los cuales se han mostrado más hostiles.
Entre los puntos a favor, las diferencias financieras entre la oferta y lo que pretenden los acreedores han vuelto a achicarse; y ciertas condiciones legales reclamadas por los tenedores de bonos con cláusula 2016, como ser el compromiso de no utilizar la “redefinición de la oferta de bonos” para juntar adhesiones, han sido atendidas.
El 4 de agosto vence el plazo de adhesión. De todos modos, la fecha clave del proceso será el 28 de julio, cuando deban pagarse intereses de dos bonos en reestructuración. De no llegarse a un acuerdo, continuar negociando con default parcial es una posibilidad.
