Bernabé Malacalza y Martín Schapiro
(Tiempo estimado: 11 - 22 minutos)
Bernabé Malacalza y Martín Schapiro, respectivamente
Desde la asunción de Trump II, el mundo experimenta una aceleración de la reconfiguración internacional y un aumento de las tensiones, en un marco de disputa hegemónica que, en un periodo muy breve, ha generado todo tipo de disrupciones en el “mundo con reglas” de la vieja globalización.
En esta entrevista tenemos la gran oportunidad de conversar con dos jóvenes expertos en relaciones internacionales para discutir tanto la idea de la nostalgia por esas reglas, que en América Latina no han traído buenos resultados, como las categorías y consideraciones necesarias para intentar (una vez más) plantear un plan de desarrollo nacional con eje en el trabajo y la producción nacionales.
Se trata de Bernabé Malacalza y Martín Schapiro. Bernabé es Dr. en Ciencias Sociales, Magíster en Relaciones Internacionales e investigador independiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes. También es profesor en la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Martín Schapiro, por su parte, es abogado, fue subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos en 2022 y 2023 y escribe regularmente en medios como especialista en relaciones internacionales, incluyendo Cenital, donde es columnista regular.
FIDE: En los últimos años, y muy especialmente a partir del inicio de la segunda presidencia de Trump en los Estados Unidos, asistimos a una reformulación del orden internacional que nos ha introducido en un período de alta tensión. Una primera pregunta que tenemos para poder entender esta reconfiguración es: ¿qué rol juega la guerra en este proceso de reformulación anárquica del orden internacional?
Martín Schapiro: Una primera lectura relevante es que la administración Trump incorpora el ejercicio de la violencia como una herramienta más para reconfigurar sus relaciones con terceros países, en el marco de la disputa central con China. Esos terceros países incluyen aliados, rivales y enemigos sin simetría estratégica con Estados Unidos.
Existe una visión extendida según la cual el conflicto con Irán solo puede entenderse por los intereses israelíes y por el peso del lobby israelí en Washington. Aunque esa interpretación es común, no la comparto plenamente. Israel tiene una enorme capacidad de influencia, y algunos donantes cercanos a Trump también financian a la derecha israelí, que gobierna desde hace décadas y, probablemente, continuará más allá de Netanyahu. Sin embargo, lo que observo en el asesinato del líder supremo iraní y en las declaraciones de Trump es un intento de alinear a Irán con Estados Unidos, similar —al menos en intención— a lo ocurrido en Venezuela a comienzos de año.
Algo comparable sucede con Cuba. El bloqueo petrolero actual a Cuba no debe confundirse con el embargo histórico: se trata de un corte total del acceso a la energía, un acto que corresponde definir como un acto de guerra. Un bloqueo energético total constituye un motivo válido para iniciar un conflicto armado; lo único que evita hoy una guerra abierta entre Cuba y Estados Unidos es la enorme asimetría entre ambos. Del mismo modo, el secuestro del presidente de Venezuela también debe leerse como una acción de guerra, más allá de las opiniones sobre el régimen o los resultados electorales.
FIDE: ¿Qué implica este escenario para el orden interna-cional?
Schapiro: Estamos ante un proceso de erosión del orden internacional “basado en normas”. Como señaló Mark Carney en Davos, ese orden siempre tuvo un componente de hipocresía: las reglas nunca se aplicaron por igual y los países poderosos las vulneraron cuando lo necesitaron. Aun así, esas normas introducían cierta fricción frente al uso puro de la fuerza. Con la competencia estratégica en ascenso, esa fricción se reduce: crecen la inestabilidad y la imprevisibilidad, y los corsés normativos diseñados para contener riesgos se debilitan.
En un mundo regido por reglas, el ejercicio del poder desnudo era excepcional; hoy, en cambio, su uso se expande y se replica en distintas escalas. La invasión de Ucrania y el retorno de la guerra de conquista territorial en Europa no deben verse como hechos aislados, sino como evidencia de que no existe un conjunto de normas internacionales capaz de hacerse cumplir. Lo mismo ocurre con Israel: los límites que antes imponía la legitimidad internacional en sus guerras regionales —contra Hamas o Hezbollah— prácticamente han desaparecido. Los ataques del 7 de octubre de 2023 también expresan este debilitamiento del marco normativo. Lo que hoy sucede era impensable hace 15 o 20 años.
En la medida en que las relaciones de poder emergen al primer plano, todas las mediaciones se erosionan. Y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es, quizá, la expresión más marcada de este proceso, que probablemente se profundice. La administración Trump no parece buscar consensos —en un sentido gramsciano— sino imposiciones. Y a medida que la competencia estratégica se consolida como el factor central entre Estados, el recurso de la fuerza será cada vez más visible.
Para completar el panorama, el tema de Taiwán sigue siendo un posible disparador de una guerra abierta, según las percepciones de las últimas tres adminis-traciones estadounidenses, lo que añade un factor de preocupación considerable.
FIDE: En tu opinión, Bernabé, los cambios que vienen sucediéndose en la esfera internacional ¿a qué obedecen y cómo podemos caracterizarlos?
Bernabé Malacalza: La primera idea que me gustaría compartir es que la naturaleza misma de la guerra ha cambiado. Ucrania fue la primera guerra global; la guerra con Irán es la segunda. Hoy convivimos con dos guerras globales simultáneas, que no equivalen a una “Tercera Guerra Mundial”, sino a un sistema internacional atravesado por shocks globales permanentes, semanales o mensuales. La guerra se volvió un factor sistémico recurrente, con episodios de alta y baja intensidad que van a seguir presentes por un tiempo prolongado.
En este marco, el estrecho de Ormuz es una metáfora de la época: un punto de estrangulamiento geoeconómico por donde pasa el 20% del comercio mundial de crudo. De los 100 millones de barriles diarios que se transan en el mundo, unos 20 millones dependen de ese corredor. Aunque Arabia Saudita y Omán construyeron oleoductos que reducen parcialmente la vulnerabilidad, la interrupción del flujo implica transacciones frenadas por alrededor de 2.000 millones de dólares diarios. Esto no es marginal: desde 1974 Ormuz es uno de los pilares de la hegemonía del dólar.
Ese año se selló el acuerdo —conocido luego por do-cumentos desclasificados— por el cual Estados Unidos ofrecía protección militar a Arabia Saudita a cambio de que su petróleo se comerciara en dólares y esos dólares se reciclaran en bonos del Tesoro. Así nació el petrodólar. Ese sistema no se rompió, pero entró en crisis. El punto de inflexión fue la pandemia, cuando Arabia Saudita empezó a diversificar socios y China consolidó su presencia en Medio Oriente mediante la Franja y la Ruta, que incluye rutas terrestres para evitar un eventual cierre del Estrecho. China, en su carácter de importador neto de energía, venía anticipando este cuello de botella.
En paralelo, Arabia Saudita exploró acuerdos financieros en yuanes; India compró petróleo ruso primero en rublos, luego en moneda de los Emiratos Árabes y ahora en yuanes. En 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán y endureció las sanciones, empujando a Teherán hacia China. El petróleo iraní exportado a China pasó del 20% al 90%. Es decir, Estados Unidos generó parte de las condiciones que hoy lo llevan a intervenir en Irán.
Todo esto se inscribe en un proceso de desdolarización parcial del comercio energético. No es masivo —el dólar sigue siendo la principal moneda de reservas y transacciones—, pero proliferan acuerdos bilaterales en yuanes y swaps impulsados por China. La energía es hoy el núcleo de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, porque alimenta la infraestructura de inteligencia artificial. Y ahí entra el Sur global, proveedor de energía fósil, mineral y vegetal.
Volviendo a Ormuz: Irán no hizo explotar ningún buque petrolero, aunque incendió catorce. Lo que hizo fue elevar el riesgo geopolítico, lo que llevó a que los buques se detuvieran antes de ingresar al estrecho. Eso disparó las primas de riesgo de las aseguradoras y volvió prohibitivo el tránsito. Incluso iniciativas de los Estados Unidos para subsidiar esos costos no lograron reactivar el flujjo.
A esto se suma el impacto en los contratos de futuros del crudo en Londres, que influyen en los precios globales. Actores no estatales —fondos de inversión, calificadoras, petroleras como Exxon o Shell— juegan un rol central. Texas, con su peso petrolero y aerocomercial, influye directamente en la política exterior estadounidense. De hecho, la presencia de American Airlines en Cuba es un factor que desalienta una intervención militar directa.
Estados Unidos, hoy exportador neto de petróleo, necesita sostener la demanda global de dólares y al mismo tiempo precios del barril cercanos a 100 dólares para que la producción sea rentable. La guerra elevó esos precios en un contexto de transición energética que impulsaba el precio del crudo a la baja. Pero existe un límite: el precio del galón en los Estados Unidos. Pasó de 3,50 a 3,70 dólares, y en California supera los 5,50. Ese aumento tiene un costo político doméstico.
Por eso, lo que inicialmente parecía funcional —afectar a China, sostener precios, reforzar el dólar— empieza a volverse un boomerang. La “guerra global de Ormuz” es un síntoma de la debilidad estructural de Estados Unidos, cuya hegemonía hoy se sostiene casi exclusivamente en dos pilares: el dólar y el poder militar. La guerra sostiene ambos: es rentable para la industria armamentística, sostiene el precio del petróleo y de los commodities, y refuerza la demanda global de dólares.
La gran pregunta —que nos involucra directamente— es qué lugar ocupará el Sur global en este escenario y cómo nos impactará esta reconfiguración del sistema internacional.
FIDE: En base a este nuevo escenario y considerando todos los elementos que ustedes han identificado, ¿cómo pensar la soberanía, la autonomía, el propio desarrollo en países como la Argentina? ¿Cuáles son los temas, las claves o ejes que deberíamos considerar?
Schapiro: Creo que para pensar la soberanía y la autonomía hoy hay que partir de un hecho: la competencia entre Estados aumenta y los axiomas de la globalización se degradan, lo que devuelve centralidad al Estado nacional. No significa volver a una bipolaridad clásica —esa lectura genera más problemas que soluciones— porque el mundo no está organizado en dos bloques nítidos. De hecho, la mayoría de los países intenta mantenerse al margen del enfrentamiento entre los Estados Unidos y China, algo que no se parece en nada a las áreas de influencia rígidas de la Guerra Fría.
En este ontexto, los Estados enfrentan vulnerabilidades nuevas, especialmente en sectores estratégicos como la energía. La pandemia ya mostró que la eficiencia globalizada no garantiza seguridad, y hoy ocurre lo mismo con el petróleo. Por eso, muchos países buscan márgenes de soberanía energética, incluso si ese movimiento implica sacrificar eficiencia. La lógica de la resiliencia reemplaza a la lógica de la optimización.
Esto trae otra consecuencia importante: los Estados intervienen más en la economía. Las grandes empresas privadas —incluidas las tecnológicas— se vuelven vitales para el desarrollo nacional, pero también quedan más condicionadas por las necesidades estratégicas del Estado. Lo vemos en China, donde incluso los “campeones nacionales” privados deben alinearse con prioridades estatales, y también en los Estados Unidos, donde casos como el de Antropic muestran que las empresas no pueden desentenderse de la política de seguridad nacional.
La relación entre Estados y corporaciones es ahora una relación de tensión y subordinación creciente, y eso redefine la autonomía. Las empresas ya no pueden decidir solo en función de su eficiencia productiva: están atravesadas por la competencia geopolítica. Y al mismo tiempo, los Estados dependen de ellas para sostener sectores clave como la inteligencia artificial, las nuevas energías o la infraestructura digital.
Finalmente, este retorno del Estado también tiene efectos políticos. La combinación de competencia interestatal, nacionalismos económicos y discursos de resiliencia crea un caldo de cultivo para fuerzas de derecha y ultraderecha, que encuentran en este clima un terreno fértil para discursos xenófobos, de primacía nacional y de repliegue. No es un determinismo, pero sí una tendencia estructural que condiciona el margen de maniobra de países como la Argentina.
FIDE: En tu opinión, Bernabé, ¿cómo cambian las posibilidades de autonomía en este nuevo contexto internacional?
Malacalza: Para pensar la autonomía hoy, lo primero es revisar las categorías con las que analizamos el sistema internacional. Conceptos como bipolaridad o multipolaridad funcionan como corsés conceptuales: reducen la complejidad del mundo a polos estatales y dejan afuera actores decisivos como fondos de inversión, calificadoras de riesgo, tecnomagnates, em-presas tecnológicas, grupos paramilitares o estruc-turas financieras globales. Esa mirada incompleta limita nuestra capacidad de diagnóstico y, por lo tanto, nuestros márgenes reales de decisión.
Esto no significa que los Estados hayan perdido relevancia. Al contrario, en un contexto de cadenas globales de valor fragmentadas, guerras globales y riesgo geopolítico, los Estados recuperan centralidad. Pero lo hacen dentro de un sistema donde el poder está distribuido entre múltiples actores y donde, incluso dentro de los Estados, conviven complejos internos —Texas, Silicon Valley, Shenzhen— que influyen en la política exterior y económica.
Hoy asistimos a un proceso de regionalización de las cadenas de valor: nearshoring, friendshoring, cadenas cortas. Las grandes potencias buscan reducir riesgos y asegurar suministros estratégicos. En ese escenario, lo que se fortalece no son solo los Estados, sino las regiones. Para países como la Argentina, esto implica pensar la autonomía en clave regional, no individual.
Pero también implica revisar cómo usamos el lenguaje. Conceptos como “bipolaridad”, “multipolaridad”, “minerales críticos”, “alineamiento” o “dependencia” pueden convertirse en profecías autocumplidas: si asumimos que vivimos en un mundo bipolar, terminamos actuando como si lo fuera, y eso reduce aún más nuestros márgenes. Lo mismo ocurre con la idea de que ciertos recursos son “críticos” para otros países, cuando para nosotros son estratégicos.
El desafío central del Estado hoy es diseñar futuros. Y ahí tenemos un problema: hemos perdido la narrativa de futuro. El Mercosur, por ejemplo, nació con una narrativa productiva y de integración industrial que hoy está desvanecida. En su lugar, importamos modelos empaquetados —de Estados Unidos o de China— que no aterrizan en la realidad: ni las inversiones prometidas llegan, ni las cadenas cortas se integran como se anuncia.
Por eso, pensar la autonomía implica salir de las cárceles conceptuales, reconstruir una narrativa propia de desarrollo y evitarlos Estados recuperan centralidad. Pero lo hacen dentro de un sistema donde el poder está distribuido entre múltiples actores. Asistimos a un proceso de regionalización de las cadenas de valor: En ese escenario, lo que se fortalece no son solo los Estados, sino las regiones. ay varios casos concretos de valoración industrial, de inversión en sectores estratégicos. En este contexto, la pregunta es: ¿qué elementos o consideraciones deberían hacer los proyectos progresistas para generar mayores espacios para el desarrollo?
Schapiro: Parto de una constatación: el aumento de la competencia entre Estados y la degradación de los axiomas de la globalización devuelven centralidad al Estado nacional, pero no en la forma rígida de una bipolaridad clásica. La mayoría de los países del Sur global intenta mantenerse al margen del enfrentamiento entre los Estados Unidos y China; no vivimos en las áreas de influencia de la Guerra Fría y la expectativa de alineamiento automático es errónea.
Para la región esto abre márgenes de maniobra reales. La desindustrialización del sur no fue una fatalidad inevitable, sino el resultado de una reconfiguración productiva global; hoy, con criterios que no sean exclusivamente la eficiencia, hay espacio para recuperar políticas públicas e impulsar valor industrial. Sin embargo, ese margen exige coordinación regional: me preocupa que planes industriales serios, como el de Brasil, no mencionen al Mercosur. Sin masa crítica política y mecanismos de respuesta regionales, perdemos la capacidad de introducir “fricción” frente a asertividades externas.
Volvamos a lo que aprendimos de la pandemia: la lógica de la resiliencia reemplaza a la de la optimización. Eso explica por qué los Estados intervienen más en la economía y por qué buscan garantizar márgenes de soberanía energética y productiva, aun a costa de menor eficiencia. En la práctica, las grandes empresas privadas —tecnológicas y energéticas— se vuelven vitales para el desarrollo, pero también quedan condicionadas por las prioridades estratégicas del Estado. Casos recientes muestran que las compañías no pueden operar al margen de las preocupaciones de seguridad nacional.
Desde mi punto de vista, la crisis energética que rein-troduce la guerra con Irán fortalece y acelera el proceso de transición energética. Primero, porque los recursos para estas energías están presentes domésticamente, lo que reduce vulnerabilidades externas. Segundo, porque las tecnologías limpias ya son más baratas en su ciclo completo que el carbón. Además, en un mundo centrado en la resiliencia, una vez instalada la infraestructura (como paneles solares), ya no se depende de terceros para generar energía. El petróleo hoy es mucho menos importante para la economía global de lo que era en los años ‘70.
En síntesis: la autonomía requiere políticas públicas activas, coordinación regional efectiva, una estrategia industrial que no repita errores del pasado y la capacidad de articular al Estado con actores privados sin perder el control estratégico. Recuperar una narrativa de futuro y construir masa crítica regional son condiciones necesarias para que esos márgenes de maniobra se traduzcan en desarrollo real.
FIDE: Retomando entonces, y para concluir, Bernabé: ¿cuál es tu opinión respecto a esta serie de cuestiones que venimos conversando y que, en definitiva, están relacionadas con distintos aspectos de un mismo tema que es qué elementos o consideraciones deberían guiar una estrategia de desarrollo nacional?
Malacalza: Pensar la autonomía supone, en mi opinión, identificar ejes concretos que permitan otro tipo de inserción internacional. Doy un ejemplo: el cable submarino del Pacífico. La presión de Estados Unidos para evitar la conexión directa con China derivó en alternativas financiadas por organismos occidentales y en la intervención de empresas como Google; el resultado fue pasar de un monopolio a un duopolio (Google/Huawei). Eso muestra que la salida no es elegir un polo u otro, sino diversificar socios, fuentes de financiamiento y proyectos tecnológicos para no entregar soberanía sobre infraestructura crítica.
Para la Argentina la clave es pensar la autonomía en términos de infraestructura regional y proyectos concretos: puertos, cables, logística, cadenas de valor regionales. Hay ejemplos modestos —cables Brasil-Angola, Brasil-Portugal— que prueban que se pueden construir alternativas con financiamiento mixto. Pero falta una narrativa de futuro y capacidad de ejecución: muchos proyectos quedan “empaquetados” sin aterrizar, y la región no aprovecha la oportunidad de integrar el Cono Sur de manera estratégica.
La regionalización de cadenas de valor —nearshoring, friendshoring, cadenas cortas— es una tendencia que puede jugar a favor si se la articula políticamente. No alcanza con discursos: se necesitan herramientas económicas y políticas que permitan coordinar inversiones, normas y proyectos binacionales. Si no, terminamos sustituyendo una dependencia por otra.
En definitiva, pensar la autonomía implica tres ejes prácticos: diversificación de socios y financiamiento, integración regional con proyectos concretos y control sobre la infraestructura estratégica. Por último, la reconstrucción de una narrativa productiva que permita diseñar futuros propios es imprescindible. “Nosotros” debe ser una acción colectiva —Argentina con Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile— que traduzca palabras en proyectos y control real sobre los recursos y las rutas críticas de la conectividad y la producción.
Luces y sombras de las alianzas regionales
FIDE: Mucho se ha discutido sobre la importancia de los BRICS. ¿Consideran que fue un error la renuncia de la Argentina a este bloque o hay un optimismo desmedido sobre lo que el grupo puede ofrecer?
Schapiro: Soy muy escéptico de los BRICS como bloque económico. Si bien era virtuoso formar parte de esta propuesta, esto estaba más relacionado con la oportunidad de participar en foros de encuentro y acceso a niveles gubernamentales y empresariales con países como India o los del Golfo. Se trata de oportunidades que facilitan la construcción de agendas. Pero de ninguna manera creo que los BRICS fueran a solucionar los problemas de financiamiento o la falta de divisas en la Argentina.
El Nuevo Banco de Desarrollo —el banco de los BRICS—tiene una masa prestable de recursos menor al crédito que Argentina tiene actualmente con el FMI. Además, este colectivo de países tiene hacia adentro contradicciones internas muy significativas; por ejemplo, si la competencia estratégica se tensara aún más, India probablemente estaría alineada con los Estados Unidos por sus disputas históricas con China. Sin embargo, India y China comparten los BRICS. Entonces, creo que se trata de una instancia interesante, pero también creo que hay un optimismo desmedido respecto de lo que estas participaciones pueden traer aparejado en el corto y mediano plazo. O, dicho de otro modo, en todo caso, esta participación puede ser parte de una estrategia que debe tener muchos otros elementos para ser efectiva.
Malacalza: Coincido con Schapiro en que la promesa multipolar emancipadora de los BRICS no es más que eso: una mirada demasiado optimista y romantizada sobre lo que es, en definitiva, un foro. Pero que sea "solo" un foro no lo vuelve irrelevante; al contrario, es precisamente por eso que la Argentina necesita estar. Solo una mirada archi-occidentalista puede ver en este espacio un eje anti-occidental. Los BRICS son un foro heterogéneo donde conviven potencias con agendas muy distintas y contradicciones internas considerables; no hay allí ningún proyecto hegemónico alternativo coherente. Lo que sí hay es una plataforma donde la Argentina puede articular posiciones internacionales con países que comparten algunos intereses concretos: apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas, cooperación en ciencia y tecnología, estrategias comunes de reforma al multilateralismo. Eso no es poco. Por eso la conclusión no es salir ni tampoco entrar con expectativas desmesuradas: es estar con una estrategia de presencia intersectorial que trascienda los cambios de gobierno, que sea realista sobre lo que el foro puede y no puede ofrecer, y que evite tanto el entusiasmo ingenuo como el rechazo absurdo.
FIDE: ¿Por qué el regionalismo, particularmente en el Mercosur, parece estar hoy en una etapa de quiebre o parálisis?
Schapiro: Existe una mirada en Brasil según la cual el tamaño relativo de este país en la región justifica, digámoslo así, cierta independencia, es decir, que Brasil no requiere del resto para avanzar con su proyecto nacional. Hay un dato que me parece ilustrativo. Brasil está llevando adelante su programa de política industrial más ambicioso en décadas: Nova Industria Brasil. Como dije antes, el desarrollo de las misiones no contiene una sola referencia al Mercosur. En mi opinión, esto es un error de la dirigencia brasileña.
Malacalza: Históricamente hubo proyectos y narrativas de infraestructura regional, como en UNASUR o, para hilar más fino, el COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento), una instancia de UNASUR que planificaba la integración física de América del Sur, donde se proyectó la conectividad para resolver cuellos de botella. Sin embargo, esa narrativa de "fabricar juntos" nunca se concretó en proyectos reales de producción compartida. Hoy las tendencias desglobalizadoras y la preocupación por el poder entre las grandes potencias abren rendijas que podrían aprovecharse, pero el regionalismo sigue afectado por los intereses nacionalistas que han explicado el bajo impacto de la construcción en conjunto.
El Mercosur, por su parte, parece haber perdido su principal pilar: la narrativa centrípeta que le daba sentido. Cuando Alfonsín y Sarney sentaron las bases en Iguazú, en 1985, establecieron que la producción sería el eje del desarrollo regional. El Programa de Integración y Cooperación Económica de 1986 era la garantía operativa de esa visión: sin cadenas productivas regionales, sin empresariado comprometido, sin industrias integradas, sin movilidad laboral y académica, sin infraestructura física y económica compartida, no hay integración posible. Fue un consenso político y empresarial entre San Pablo y Buenos Aires que funcionó relativamente bien. Pero, en la práctica, el comercio intrabloque estuvo impulsado casi exclusivamente por el sector automotor, sostenido por la industria cordobesa y por la integración de multinacionales en sus matrices brasileñas y argentinas, no por empresas nacionales ni por las empresas binacionales que el propio estatuto del Mercosur habilitaba y que nunca se crearon. Tampoco hubo una universidad binacional, ni movilidad académica intensa, ni (con la parcial excepción del sector nuclear y el trabajo del INVAP en el Reactor Multipropósito Brasileño) colaboración significativa entre actores públicos y privados nacionales. Hubo más narrativa que estrategia.
Lo que se ha perdido en los últimos años es incluso esa narrativa de desarrollo regional. Ya no hay diálogos binacionales e intersectoriales sostenidos, el interés de las élites se ha erosionado, y la coalición pro-Mercosur en los países miembros se ha reducido por diferentes razones (incluso el San Pablo industrial ya no tiene el peso que tenía, por el avance del agro), mientras los escépticos se vuelven más numerosos o intensos. Y el problema no es solo político: el sector de la industria automotriz (el único que efectivamente motorizó cierta integración productiva) está en riesgo de extinción si la región no coordina una respuesta conjunta a la transición hacia la movilidad eléctrica y la transformación energética hacia las renovables. Mientras el mundo avanza hacia cadenas de valor más cortas y localizadas, el Mercosur no está siquiera articulando una visión compartida sobre cómo producir juntos. El tratado con la Unión Europea y las cumbres regionales habilitan conversaciones sobre cómo vender, no sobre cómo construir capacidades productivas comunes.
Esa es la distancia entre lo que el Mercosur prometió ser y lo que hoy efectivamente es.
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