Matías Maito y Pablo Romá

Matías Maito y Pablo Romá, respectivamente

 

“Nuestra hipótesis de trabajo es que la gran disputa en el mundo del empleo tiene que ver con el tiempo de trabajo; se trata de una consecuencia directa de la caída de los ingresos de las y los trabajadores, pero también refleja cambios más profundos en las percepciones y las identidades, producto de que el trabajo ha dejado de ocupar el lugar de centralidad absoluta que tenía en la vida de las personas.” 

 

Entre las múltiples transformaciones de las que hay que dar cuenta para pensar un futuro común están las relacionadas con el mundo del trabajo y los ingresos. Invitamos a dos investigadores, expertos en la materia, para charlar sobre las nuevas formas de empleo, las representaciones e identidades que se vienen gestando en torno a estos cambios y a las realidades del mercado de trabajo y su relación con las nuevas o no tan nuevas derechas.

Se trata de Matías Maito y Pablo Romá. Dos jóvenes investigadores, Matías es director del CETyD, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, y Pablo es director de la Consultora Circuitos y colaborador de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en trabajos de campo sobre los votantes blandos de Milei y las nuevas formas de empleo.

 

FIDE: En los múltiples análisis y encuestas que se realizan para entender y proyectar el voto a los distintos espacios políticos se discute en torno a cuánto pesa “el bolsillo”, es decir, la situación económica, y cuánto influyen otros elementos más relacionados con las percepciones de las personas y de las y los trabajadores. Sin pretender ser originales, les preguntamos: ¿es el bolsillo o hay algo más? ¿qué es eso que no es el bolsillo?

 

Pablo Romá: Con la Fundación Friedrich Ebert (FES) venimos trabajando en el análisis de las representaciones y las configuraciones que aparecen en aquellos que votaron a Milei sin ser parte de su núcleo duro, es decir, sin estar 

en un todo de acuerdo con la agenda libertaria más extrema^[1]. Este subconjunto incluye a quienes en la primera vuelta no votaron a la fórmula Milei-Villarruel, pero que la acompañaron en el ballotage. Una parte importante de ese electorado son trabajadoras y trabajadores y sobre este grupo hemos hecho estudios más específicos vinculados con las nuevas formas del trabajo.

Una primera clave para entender el fenómeno Milei es que hay una relación elástica entre la idea de la esperanza y el sacrificio que le propone a la sociedad. La situación económica, el sacrificio que implican las principales decisiones del Gobierno, sumado a otros sucesos de público conocimiento, han generado un desgaste. Este desgaste está relacionado con la evolución de las variables económicas, con la caída de los ingresos y las dificultades que hoy tiene muchísima gente para llegar a fin de mes. En los términos de la pregunta, el desgaste tiene una relación directa con “el bolsillo”.

Estas dificultades se han ido extendiendo entre las y los trabajadores. En el último trabajo de la FES^[2], el subtítulo ya adelanta una de las conclusiones: “cuántas changas para un salario digno”. No se trata de un fenómeno local, algo que sucede solo en la Argentina; se trata de una escena global. Hay una cantidad creciente de la población que cada vez vive peor con sus ingresos. Esta situación se verifica aun cuando las personas tengan un trabajo y, en muchos casos, aun cuando ese empleo sea en relación de dependencia y registrado.

En este fenómeno se presenta una primera complejidad que es difícil de entender para la política e incluso para las organizaciones sindicales. Previamente, el objetivo era tener un trabajo y, una vez que eso ocurría, una parte importante de la vida de esa persona y su familia se normalizaba o se aseguraba. Eso ya no es del todo cierto.

Entonces, el “bolsillo”, el factor económico, influye, pero, al mismo tiempo, las representaciones, las subjetividades y las identidades han ido cambiando y, además, estos cambios se presentan de manera fluida y/o combinada. Lo que nosotros detectamos en el trabajo de campo que hemos realizado es que hay una relación muy fluida entre las formas tradicionales y las nuevas formas del trabajo. Esto quiere decir que las divisiones entre los tipos de empleo y las representaciones que las personas tienen respecto de las distintas vías por las que perciben ingresos se han ido entremezclando.

Y dentro de esas “nuevas formas” hay algunas que ya tenemos más identificadas, que son las que están vinculadas a las plataformas de traslado (UBER, Cabify, Rappi, etc.), y otras que nosotros denominamos “novísimas”, que están menos tipificadas como trabajo y que se refieren a las apuestas, a plataformas como OnlyFans, a las múltiples opciones de inversión financiera (como una vía permanente de generación de ingresos), entre otras. Se trata de actividades que, a priori, no son vistas como un trabajo, pero que, para este universo al que nos referimos, son un trabajo porque de allí proviene una parte de sus ingresos o el total de ellos y porque son actividades a las que les dedican tiempo y esfuerzo para obtener un beneficio económico.

Por último, estos trabajos en plataformas también incorporan otros elementos que son importantes para las y los trabajadores respecto al uso del tiempo y las tareas de cuidado y, contrariamente a lo que algunos piensan, no suponen trabajadores que desarrollan sus actividades en soledad. Hay una red en la que los trabajadores reciben distintos tipos de apoyo: desde el coacheo para hacer más rentable el negocio hasta redes de seguridad para cuidarse, protegerse.

 

Matías Maito: Coincido con Pablo; nuestra hipótesis es que la gran disputa en el mundo del trabajo, en la actualidad, tiene que ver con el tiempo de trabajo. No solo respecto de la relación entre el o la trabajador(a) y su tiempo, o el de la empresa respecto de sus trabajadores, sino también en relación con cuánto vale el tiempo de trabajo, con cuánto se trabaja y cómo se organiza el tiempo de trabajo.

Los datos indican que el gran problema de nuestro mercado laboral en la actualidad es un problema de ingresos. Los ingresos están en niveles muy bajos y hay un nivel de heterogeneidad muy alto entre los distintos trabajadores.

El trabajo en el sector privado registrado recuperó más o menos el nivel de ingresos que tenía antes de la devaluación que produjo Milei a fines de 2023. Los ingresos reales sufrieron una primera caída muy fuerte producto de la devaluación y su impacto en la inflación. Luego, los ingresos de este sector se fueron recuperando hasta un techo, el techo actual. Se trata de un techo introducido por el Gobierno que ha sido utilizado, al igual que el tipo de cambio y la apertura importadora, como herramienta para combatir la inflación.

Pero también hay que tener en cuenta que, si bien el sector privado recuperó el poder de compra del salario respecto de la situación de noviembre de 2023, se trata de un valor relativamente bajo en términos históricos. Los ingresos reales de los trabajadores del sector privado están más o menos entre un 15% y un 20% por debajo de los valores de 2017. En otros sectores la situación es muchísimo peor —por eso hablamos de heterogeneidad—; por ejemplo, en el caso de los ingresos de la administración pública nacional o de los docentes 

universitarios la caída real de los salarios es del 25%-30%^[3]. Es decir, en un año y medio estos trabajadores y trabajadoras perdieron entre un cuarto y un tercio de sus ingresos… es una catástrofe. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, la contracción es del 30% y, en el caso del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que era una institución muy importante, la caída es aún mayor.

Los salarios ya venían perdiendo terreno, primero con Macri y después con la pandemia, pero además se está produciendo un achicamiento de la cantidad de trabajadores en el sector formal. Entonces, para resumir, tenemos problemas de ingresos en el sector formal, a lo que se suma un sector formal que se va achicando. Ninguno de los dos efectos es nuevo, pero combinados son determinantes. Es una situación que profundiza una problemática estructural de nuestro mercado de trabajo donde aproximadamente la mitad de los trabajadores, ya antes del gobierno de Milei, trabajaban en la informalidad, ya sea porque tienen un jefe, pero su relación es de tipo informal, o porque trabajan de manera independiente y la mayoría lo hacen en trabajos de baja calificación y bajos ingresos.

La consecuencia directa de este problema de ingresos es que hay una necesidad de trabajar más horas. De trabajar más horas en dos sentidos: en primer lugar, se tiende a incorporar más miembros de una misma familia al mercado de trabajo para compensar la falta de ingresos. Esto es lo que los laboralistas denominan fenómeno del “trabajador adicional”: la mujer, los chicos en edad de estudiar que deben asumir responsabilidades laborales para colaborar o las y los jubilados que deben hacer lo propio para completar sus jubilaciones y/o aportar en el hogar de sus familias. También existe la necesidad de que las familias colaboren con el ingreso de los hogares de sus adultos mayores, por la caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones.

En las estadísticas este fenómeno se traduce en un incremento en la tasa de actividad. Hoy la tasa de actividad en la Argentina está en valores muy elevados. Aquellos que buscan trabajo y no lo encuentran no son tantos como en otras épocas; la tasa de desempleo no está tan elevada. Estamos muy lejos del 20% del desempleo de 2001, pero el porcentaje de personas que buscan empleo y no lo consiguen va creciendo. Estamos en valores parecidos a los de 2021, es decir, en valores de la pospandemia. En el segundo trimestre de 2025 la tasa de desocupación se ubicó en 7,6%. En resumen, el bolsillo tiene un impacto importante.

 

FIDE: Es interesante también que el neoliberalismo haya ido generando las condiciones para el declive de la participación del salario en el ingreso y, al mismo tiempo, ese mismo espacio político o de ideas es exitoso para inocular una explicación que permite legitimar esta trayectoria. ¿Les parece correcta esta explicación?

 

Romá: En la medida en que se torna necesario completar ingresos, estas nuevas formas para obtener recursos se extienden y se entremezclan con los trabajos tradicionales. Pero estos nuevos empleos también cambian las representaciones y en el trabajo de campo aparece con claridad una narrativa seductora en torno a estos mecanismos autogenerados y gestionados para generar ingresos. La derecha apela a esta transformación y le da valor; la desvincula de la contracción económica y le otorga valor social, asociándola a otras representaciones.

La idea es que cada uno de nosotros puede ser su propio jefe, que las cosas las podés hacer vos mismo, que podés controlar tu tiempo de trabajo, tus horas de trabajo, podés poner en juego tu propia creatividad. No se trata de la idea tradicional de meritocracia; el discurso de las derechas le ha podido dar encarnadura a esta realidad y vincularla con la posibilidad de construir una salida individual a la crisis.

Esta narrativa es muy importante y es seductora: lo que se plantea, fundamentalmente, es que la salida es a través de tu propio esfuerzo, tu creatividad y con lo que vos sos capaz de hacer por tu cuenta. Por este motivo, la cuestión del tiempo es central para una parte importante de las y los trabajadores, y estas nuevas formas de empleo se articulan en torno a esa “libertad” para disponer del tiempo que se trabaja.

En un mercado de trabajo que ofrece salarios bajos y condiciones de trabajo muy malas para una parte importante de los trabajadores, estas nuevas formas de empleo y las representaciones que vienen asociadas a ellas constituyen una construcción social muy potente.

También aparecen otros deseos, más allá del trabajo. Hoy los trabajos no definen a las personas como lo hacían hace unas décadas. El peso de la vida que cada uno de nosotros tiene, más allá del trabajo, ha ganado valor e incluso es parte de lo que se muestra en las redes sociales, de la forma en la que te presentás o definís ante los otros.

Hoy se ha generado una especie de romantización de la flexibilización que termina en situaciones de auto-explotación. Hay una distancia entre lo que se pregona o se presenta en esta nueva narrativa del trabajo inde-pendiente y la realidad, y también hay muchos traba-jadores y trabajadoras que son conscientes de esta discrepancia. Hay una primera sospecha que aparece en las condiciones que impone la realidad: “¿Cuántas horas tenés que trabajar para ganar una cantidad determinada de dinero?” Y allí las y los trabajadores plantean un cuestionamiento. En segundo lugar, aparece cierta sospecha relacionada con la tecnología. En tanto y en cuanto estas nuevas formas de empleo se expanden, se produce un incremento de la oferta de trabajadores en las plataformas que, como operan bajo la estricta lógica del mercado, bajan los precios, es decir, las remuneraciones. Esta sospecha también está presente: “terminamos siendo esclavos de la plataforma, esclavos de la demanda”. Y cuanto más trabajadores y trabajadoras haya en las plataformas, peor es la remuneración.

 

FIDE: Las y los trabajadores se percatan, como no podía ser de otra forma, de la realidad más allá del relato, pero prima la necesidad de completar los ingresos familiares y se afinca la idea del Estado como un estorbo, como una de las explicaciones de las dificultades que atraviesan el trabajador y su familia. También se producen brechas entre trabajadores, un combo complicado para las representaciones, ¿cierto?

 

Romá: Efectivamente, es importante tener claro que existen estas sospechas y que aumentan en la medida en que parece difícil establecer un diálogo entre los distintos sectores del trabajo. Se produce una polarización donde los trabajadores y sus representantes en la economía formal rechazan la idea de trabajo en las plataformas por sus características, por la falta de derechos. Esto produce una desconexión que no conviene porque estas nuevas formas de empleo son parte del mundo del trabajo y tampoco le sirven a la política para entender lo que está pasando, y mucho menos a las organizaciones sindicales.

Yo creo que hay un punto importante también para pensar estas nuevas formas de subjetividad o estas representaciones o, como decimos en el trabajo, identidades. Estas nuevas subjetividades también ayudan a entender algo sobre la percepción del Estado, la percepción de las organizaciones sindicales. El corrimiento del Estado en muchas áreas aparece asociado a la idea del Estado como un obstaculizador, como generador de situaciones de injusticia, asociado a los problemas en la distribución de la riqueza o a la idea de “los parásitos”, “los ñoquis”, entre varias categorías.

Hay un desplazamiento entre lo que uno podría definir como la conciencia del trabajador y la conciencia ciudadana. Ahí se produce una distancia. Si uno mira la discusión política, teórica, sociológica del siglo pasado, esa distancia siempre ha tratado de achicarse, de establecer una relación más directa, más clara entre la posición estructural como trabajador y la posición política. Hoy esa distancia es grande; se ha ensanchado.

Nosotros entendemos que esta distancia tiene que ver con que este proceso de transformación implica que lo que antes era una conquista colectiva, como puede ser el salario, hoy es visto como una cuestión individual. Y en esa concepción de la responsabilidad individual es mejor que el Estado no se meta y las personas puedan ver cómo hacen para generar sus propios ingresos. Si esto me corresponde, es mi responsabilidad; es mi propio esfuerzo. Yo no quiero que el Estado se meta y tome una parte de mi ingreso. No quiero que venga el sindicato y tome una parte de mi ingreso. Esto se ve con total claridad en el trabajo de campo con las y los trabajadores de plataforma.

Respecto de las organizaciones sindicales, se observa una situación diferente en relación con las y los delegados y los dirigentes que están más arriba en la estructura. La relación es más fluida con los primeros, donde hay más cercanía y confianza, y se va diluyendo a medida que se escala en las organizaciones. Ahí se produce una opacidad; empieza a nublarse; no queda claro qué es lo que pasa entre lo que se discutió en la fábrica o en el lugar de trabajo y las decisiones que se toman arriba.

Este es un tema importante para fortalecer a las organizaciones de las y los trabajadores y no acentuar la individualización de problemas que son colectivos. La escucha directa es fundamental para poder entender lo que pasa y también para ver y entender este cambio en las percepciones.

También hay una necesidad de democratizar los algoritmos de las plataformas. No se sabe cuánta gente trabaja, cuántas horas se trabaja y eso es muy importante. Tampoco conocemos exactamente cuánto es lo que gana la plataforma en cada una de las operaciones y los porcentajes que se conocen son diferentes entre sí; van del 20% al 30%. Sin estos datos es muy difícil poner en cuestión esta narrativa tan seductora, que se instala en torno a la libertad para administrar el tiempo de trabajo y la creatividad que cada uno le pone a lo que hace por sí mismo, sin un jefe.

 

FIDE: A esto se suma el desafío de la generación de empleo. ¿Cómo ven la relación entre el modelo econó-mico y la generación de empleo?

 

Maito: Los trabajadores formales van perdiendo poder adquisitivo y cada vez hay menos trabajadores y tra-bajadoras formales porque este es un modelo que básicamente no genera empleo formal. El patrón sectorial de este modelo económico hace que las actividades que se promueven sean aquellas que no generan empleo: no se generó empleo cuando la actividad económica cayó, pero tampoco se generó empleo en los meses en los que las estadísticas indican que hubo crecimiento.

Los únicos empleos que genera este modelo son de carácter informal y/o independiente. En lo que va del gobierno de Milei, el empleo formal se contrajo; los únicos empleos que crecieron son los informales y el trabajo independiente. Hoy hacen falta más trabajadores y más horas de trabajo para que un hogar logre el mismo nivel de ingresos.

 

FIDE: ¿Cuáles son los sectores en los cuales se observa un crecimiento del empleo?

 

Maito: En términos sectoriales, la creación de empleo estuvo concentrada en cuatro o cinco sectores: comercio, hoteles y restaurantes, transporte, agricultura y algunos sectores de servicios comunitarios. El empleo que crearon estos sectores fue básicamente informal e independiente. No tenemos mucha más información por la opacidad a la que hacía referencia Pablo respecto del trabajo en plataformas. Pero vemos que cada vez hay más trabajadores haciendo repartos en Rappi o trasladando personas en Uber. Creemos que podría estar creciendo el trabajo en plataformas porque algunos de los pocos sectores que generan empleo coinciden con aquellos característicos de la economía de plataformas^[4]. A esto se suma la dificultad de establecer si el incremento en los monotributistas está relacionado o no con las plataformas porque algunas de ellas, de hecho, le exigen al trabajador que se registre ante la AFIP/ARCA como monotributista.

 

FIDE: También parecería importante la consideración de lo que en la Argentina se denomina “economía popular”. Se trata de un conjunto importante de trabajadoras y trabajadores que han ido generando su propio empleo, que se han nucleado en cooperativas y que, en muchos casos, llevan adelante tareas importantes para la comunidad, por ejemplo en los comedores, en los espacios de primera infancia en los barrios o en el trabajo de reciclado. ¿Cuál es tu visión al respecto?

 

Maito: Respecto de la economía popular, en mi opinión, lo primero es poder identificar correctamente o delimitar qué es y qué no es “economía popular”. Porque muchas veces se incluye en la categoría de “economía popular” todo lo que está por fuera del empleo formal y yo no estoy de acuerdo con esa visión, que me parece que simplifica un universo que es muy heterogéneo y que requiere distinto tipo de abordajes. Partiendo de allí, creo que es necesario pensar en acciones concretas para institucionalizar y fortalecer la economía popular, en tanto y en cuanto hablamos de unidades productivas muchas veces organizadas en cooperativas, que generan valor o que tienen el potencial para hacerlo. En estos casos se presenta una típica disputa relacionada con la apropiación de ese valor, que es la disputa clásica en cualquier relación de trabajo.

Ejemplos de esta dinámica se presentan en el caso de los recicladores, de las cuidadoras, de los pequeños emprendimientos textiles, todas unidades donde se genera valor. En estos casos, las y los trabajadores tienen un patrón, que muchas veces está oculto y que no es el Estado. Y los trabajadores se apropian de una parte muy chiquitita de ese valor.

Entonces, la discusión es cómo se distribuye el valor en esas relaciones que en definitiva son o deberían ser relaciones capital-trabajo y no relaciones Estado-trabajo. El objetivo es desarrollar políticas para lograr que estos trabajadores puedan apropiarse de una porción más grande del valor generado. Se trata de una discusión importante tanto por su impacto en los ingresos y en las condiciones de trabajo de la economía popular como por la necesidad de delimitar correctamente la operatoria de las cooperativas y su relación con el Estado.

 

FIDE: Volviendo a la heterogeneidad del mercado de trabajo y los efectos de la economía de plataforma, ¿con qué criterios o premisas deberíamos pensar los desafíos del mundo del trabajo en clave nacional y popular?

 

Maito: Nosotros venimos trabajando en cuatro ejes que nos parecen muy importantes para pensar los desafíos del mundo del trabajo. Lo planteo en términos de ejes y no en términos de reformas del mercado de trabajo, porque las reformas que se proclaman no sirven para solucionar ninguno de los problemas que se presentan hoy en el mundo del trabajo. Nosotros proponemos cuatro ejes de análisis: distribución, crecimiento, límites a la absorción y nuevas subjetividades. Permítanme enumerar cada uno de estos cuatro temas:

Distribución: Tenemos problemas evidentes de distribución, que se manifiestan en los ingresos de la base de la pirámide. Tenemos un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que está tan menospreciado que ha perdido su característica de referencia. Para ser relevante, debería estar pisándoles los talones a los salarios más bajos de convenio. Hoy el SMVM es el 37% de la categoría más baja de convenio, cuando previamente alcanzaba el 85%. Luego tenemos problemas en la distribución más allá de la base, relacionados con el crecimiento de la rentabilidad de algunas empresas. Ahí está la discusión en torno a la participación de los trabajadores en las ganancias, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchas empresas a las que no se les puede pedir que distribuyan mucho más; hay trabajadores que se desempeñan en empresas pequeñas o informales, en donde el problema no es que no se distribuya, sino que no tienen tanto margen para distribuir.

Crecimiento: Cómo hacemos para ampliar el margen de las empresas. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Lo cierto es que en nuestro país el crecimiento ha tenido una trayectoria problemática, insuficiente. Los períodos en la historia argentina de los últimos 50 años en los que el salario creció de manera sostenida son aquellos en que la productividad también creció de manera sostenida. El crecimiento no es garantía de distribución —la experiencia de los años ‘90 es elocuente—, pero sí es condición que haya crecimiento para que se distribuya. Debemos pensar en el mejor modelo de desarrollo para promover una mejor distribución y el mejoramiento de la calidad del empleo y los ingresos.

También es necesario discutir los desafíos de segunda generación, porque en la actualidad uno de los gran-des debates que atraviesa el mundo del trabajo tiene que ver con el impacto de las tecnologías y de la inteligencia artificial. En el caso argentino, lo que se observa es una brecha tecnológica enorme. La tarea es ver cómo cerramos esa brecha, cómo se reposiciona a las y los trabajadores cuyos puestos se transforman (que son la mayoría) y qué lugar ocupa la formación profesional. La tecnología promueve otro tipo de organización del trabajo y una relación muy diferente del trabajador con el proceso productivo, requiriendo soft skills (habilidades blandas) y una mayor polivalencia que debería implicar mayores ingresos.

Límites de la absorción: El crecimiento y el desarrollo tienen velocidades en el tiempo muy diferentes. En el modelo actual, por un punto de crecimiento de la actividad el empleo crece 0,1. Durante el primer kirchnerismo la elasticidad era muy alta, alcanzaba el 1,2; es decir, el empleo crecía más que la actividad. Con el actual modelo necesitarías 233 años para incorporar a todos los trabajadores. Entonces, es imprescindible pensar en una política de transición. No podemos plantear que la absorción vía crecimiento y desarrollo va a resolver todos los problemas. Aquí juegan un rol importante las políticas sociales, pero es necesario incorporar también otro tipo de abordajes. Entonces, ahí hay algo que hay que pensar desde las instituciones laborales que requiere mucha creatividad: ¿qué hacer con toda esa gente que necesita un trabajo, un ingreso y que no puede esperar 30 años… ¡mucho menos 233 años!

Nuevas subjetividades/Soberanía del Tiempo: Por último, respecto de las y los “novísimos trabajadores”, se trata de un colectivo que tiene nuevas demandas, identidades y subjetividades, más autonomía y donde la cuestión del tiempo es central. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer esta realidad, no romantizarla pero tampoco estigmatizarla, reconociendo la legitimidad de esas demandas. Hay una parte de esa búsqueda de autonomía que responde a un tema de ingresos, pero hay otra parte que no tiene que ver con generar más

ingresos, sino con nuevas subjetividades. Si uno piensa en la manera en que se organizan las relaciones de trabajo, históricamente, hay como una suerte de trade-off (o compensación) entre riesgo y autonomía. El trabajador independiente, el trabajador que trabaja por su propia cuenta, tiene mucha autonomía: decide cuánto trabaja, cómo trabaja, cuánto vale su trabajo; decide él. Pero asume un riesgo elevado. Si gana, gana; y si pierde, pierde. En la relación de dependencia tradicional, el trabajador tiene un jefe. Cede su autonomía porque el jefe le organiza el trabajo, porque el jefe dice cuánto vale su trabajo, pero también gana en seguridad y, por lo tanto, disminuye el riesgo.

Creo que la gran disputa que tenemos en la actualidad en relación con esto es que el capital está revirtiendo esta compensación. ¿Cuál es la búsqueda del capital? Que el trabajador siga teniendo un bajo nivel de autonomía, es decir, el capital busca seguir organizando el proceso de trabajo, seguir diciéndole cuánto tiene que trabajar, cuánto vale su trabajo, poder despedirlo, pero también impulsa una transferencia del riesgo. Estos son, por ejemplo, los contratos de cero horas, donde el empleador no se obliga a darle horas de trabajo ni a pagarle determinado sueldo; es decir, el sueldo del trabajador está atado al negocio.

En términos más generales, ¿cómo hacemos para que el trabajador conserve la seguridad? Es decir, para que el trabajador no tenga que asumir el riesgo empresario, pero que gane autonomía para organizar su propio trabajo y su propia jornada de trabajo. Eso, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo llama “soberanía del tiempo”. Se trata de la capacidad que tienen las y los trabajadores de organizar su propio trabajo. ¿Qué posibilidades hay de ampliar los niveles de soberanía del tiempo? Es decir, la posibilidad de que los trabajadores tengan más potestad para organizar su jornada de trabajo y que esto no sea incompatible con los derechos laborales.

 

Romá: Coincido con Matías y agrego un dato referido al caso mexicano. La presidenta Sheinbaum impulsó hace poco la incorporación de 1,2 millones de trabajadores de plataformas al sistema de seguridad social mexicano^[5]. Es un antecedente interesante. En la Argentina, durante la campaña de 2023, también se hicieron algunas propuestas respecto de utilizar la red de estaciones de servicio de la empresa YPF como plataforma para servicios básicos de los trabajadores de reparto y transporte de personas. Creo que las propuestas tienen que evolucionar para relacionarse con esta nueva realidad de las y los trabajadores.

 

Maito: Efectivamente, hay mucho por hacer. De acuerdo con nuestras estadísticas, y en relación con el uso del tiempo, hoy el 77% de los asalariados formales del sector privado trabaja con horarios fijos y nuestros estudios indican que, aproximadamente, la mitad de esos trabajadores y trabajadoras podría ampliar la soberanía de su tiempo de trabajo.

Por la vía de la recuperación de los ingresos (la distribución), por el aumento de la productividad (a través de un plan de desarrollo económico y social) y también por mejores condiciones de trabajo y mayor soberanía del tiempo, se podría disputar sentido y transformar al mismo tiempo.

En definitiva, se trata de poder ofrecer un horizonte de trabajo diferente pero sustancialmente mejor, con mejores ingresos y una cabida para las nuevas percepciones más vinculadas al uso del tiempo y la creatividad. 

 

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^[1]https://argentina.fes.de/e/el-votante-moderado-de-milei.html

^[2]https://argentina.fes.de/e/publicacion-las-y-los-novisimos-trabajadores.html

^[3]https://noticias.unsam.edu.ar/2024/08/13/nuevo-informe-del-cetyd-los-trabajadores-de-las-universidades-nacionales-perdieron-un-cuarto-de-su-salario-en-8-meses/

^[4]https://noticias.unsam.edu.ar/2025/07/28/crece-el-refugio-en-el-trabajo-en-plataformas/

^[5]https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-primer-pais-en-otorgar-seguridad-social-completa-a-trabajadores-de-aplicaciones

 

 

Publicado en Diálogos 2025

Ana Castellani

“Asistimos a una operación ideológica muy exitosa de las élites económicas: han generado las condiciones para concentrar la riqueza cada vez más y también han sido capaces de instalar el diagnóstico según el cual la vida de las personas es cada vez más difícil por culpa de la política. En la Argentina el desafío postmotosierra es repensar un Estado que esté en condiciones de llevar adelante un plan de desarrollo nacional.”

 

Ana Castellani es doctora en Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del CONICET, especializada en el estudio de las elites económicas argentinas. Es directora del Observatorio de las Elites Argentinas del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UMET). Ana estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación en la Jefatura de Gabinete durante la presidencia de Alberto Fernández.

La conversación con Ana es primordial en un contexto de desvalorización y ataque de lo público. Ana tuvo a su cargo no solo la gestión del empleo público durante la pandemia y en el largo período de regreso a la “normalidad”, sino que también colaboró activamente con una agenda de trabajo que permitió digitalizar una gran cantidad de trámites en toda la administración pública. Pensando en el futuro, nos interesa discutir con ella sobre el rol del Estado, las miradas críticas sobre el empleo público y el accionar estatal y las propuestas que permitan revalorizar lo público y lo comunitario, pero sin descuidar que —como ella misma lo dice— el Estado no puede convertirse en un botín de privilegios para la política.

 

FIDE: La embestida contra el Estado, contra el empleo público y las capacidades estatales no es un fenómeno novedoso. Sin embargo, parecemos asistir a una etapa muy virulenta. ¿Cómo podemos caracterizar esta nueva fase?

Ana Castellani (AC): Hoy asistimos a un contexto mundial de embestida de las élites económicas contra el Estado. Esto es una marca propia del siglo XXI. Mi área de investigación es, justamente, la relación entre las élites económicas y el Estado en los últimos 50 años, especialmente en la Argentina. En el siglo XXI se produce un quiebre en las modalidades de articulación y en las estrategias que despliega la élite económica respecto del Estado. No es que este haya sido el inicio de la embestida, lo que se observa a partir de este momento es un despliegue muy notorio de una cantidad de estrategias nuevas para ir por lo que se llama la “captura de la decisión pública”.

En las democracias occidentales actuales parece ser bastante evidente que hay un límite a lo que la política puede hacer. En esta última etapa del capitalismo, la que se inicia a mitad de los ‘70, que conocemos como el capitalismo financiero o la financiarización, se evidencia un nuevo proceso de enriquecimiento enorme y de acumulación de poder de las élites económicas, mucho poder y riqueza en muy pocas empresas y personas que dan forma a una minoría intensa y poderosa, por cierto, bastante más poderosa que algunos Estados…

Ya todos sabemos que hay empresas que son más grandes que los PIB de algunos países. También sabemos que estas élites económicas cada vez más enriquecidas han logrado un nuevo salto en la concentración del ingreso, donde la caída en el nivel de vida de las mayorías tiene como contracara niveles de endeudamiento creciente que, a su turno, tiene como corolario una nueva concentración del ingreso en favor de los mismos sectores. Cuando hablamos de endeudamiento esto incluye a los Estados, pero también a las empresas y a las familias, en una dinámica y con una lógica característica de esta etapa del capitalismo financiero.

 

FIDE: Se ataca exitosamente al Estado, ¿con qué objetivo y a través de qué estrategias? 

AC: El objetivo político de la élite económica es muy simple, hay que neutralizar cualquier pretensión de democracia igualitaria. La clave está en lograr esa neutralización dentro de la democracia, es decir, impedir la construcción de una democracia igualitaria o de reeditar, digamos, un Estado de bienestar. La fuerza de este objetivo se potencia luego de la caída del muro. Ya sin el peligro de la avanzada socialista, no es necesario tener un Estado de bienestar para desarticular la embestida de la clase trabajadora.

Para conseguir este objetivo la élite económica desplegó una serie de estrategias, llevadas adelante, por momentos, directamente por los grandes empresarios y, en otros, por sus corporaciones. Entre las estrategias utilizadas podemos mencionar el lobby (y su institucionalización), el financiamiento de las campañas políticas, el manejo de la opinión pública a través de los medios de comunicación y los mecanismos de “puerta giratoria” es decir, el paso de altos directivos del sector privado ocupando altos puestos de dirección en el sector público. En esta última etapa ya no se trata solo de colocar empresarios en el Estado, es decir personas que representan intereses concretos desde la estructura misma del Estado, sino que ahora van un paso más allá. Se ha verificado que es posible construir candidatos que representen los intereses de las élites directamente, como proyecto político, y que logren aceptación popular, aun cuando este proyecto político sea precisamente impedir la construcción de una democracia igualitaria.

El caldo de cultivo para que esto sea posible es ese malestar, en la globalización, en la democracia, que se ha ido generando por la pérdida de calidad de vida, por las dificultades con el empleo, con generar ingresos suficientes, por la caída de las prestaciones sociales que han ido generando una situación de desconfianza y apatía creciente de sectores de ingresos medios y bajos respecto de la política para dar respuesta a estas demandas y lograr que las mayorías vivan mejor.

Asistimos entonces a una operación ideológica muy exitosa de las élites económicas: han generado las condiciones para concentrar la riqueza cada vez más y también han sido capaces de instalar el diagnóstico según el cual la vida de las personas es cada vez más difícil por culpa de la política. Y allí se hacen fuertes las y los candidatos tipo “outsider”, críticos de la política y de las construcciones colectivas, de los partidos políticos y de todas las organizaciones sociales.

El relato es más o menos el siguiente: estamos mal porque la política usa el Estado para su propio beneficio y, como cada vez son necesarios más recursos para financiar al Estado (del que solo se benefician los políticos), cada vez hay más presión tributaria, es decir, se pagan más impuestos y al mismo tiempo hay más regulaciones que impiden el libre accionar de las y los emprendedores y les cobran tasas y les imponen reglas innecesarias. Entonces, el Estado te asfixia para financiar la política. Y aquí hay otra operación doble muy interesante porque se logra atacar al Estado con éxito y, al mismo tiempo, se justifica la baja de impuestos que beneficia a los que más tienen. En una situación de desigualdad extrema y creciente, los beneficiados de este proceso no serían los responsables, sino que el responsable es el Estado. Entonces, el malestar de la ciudadanía se descarga sobre la élite política y no sobre la élite económica. Esa operación ideológica que ya lleva tiempo ha sido muy exitosa, especialmente en los últimos años.

 

FIDE: Los estudios e investigaciones identifican últimamente, entre otros eventos, a la pandemia como un punto de inflexión. ¿Coincidís? ¿qué efectos tuvo la pandemia?

AC: Efectivamente, el cuestionamiento del neoliberalismo al Estado no es un fenómeno novedoso. La novedad reside en cómo se ha logrado que este relato tenga tanto predicamento. En la construcción de la legitimidad de los argumentos en contra del Estado, sin dudas, la pandemia cumplió un rol catalizador. Las críticas se extienden hasta el empleo público, es decir, hasta las y los trabajadores del Estado como una parte de la sociedad que “quedó a salvo” o no se vio tan afectada durante la pandemia. Una suerte de “casta” o de sector privilegiado…

Recapitulemos para entender los cambios que han sido tan efectivos en el predicamento en contra del Estado…

El Estado sirve para equilibrar y corregir desigualdades, es el que puede poner límites, especialmente a los más poderosos, tiene a su cargo la oferta de servicios que son considerados esenciales (como la educación, la salud, la seguridad y la defensa, la infraestructura básica para poder transitar, comerciar y viajar, entre muchos otros) y, por lo tanto, no se dejan en manos del mercado. Y las y los empleados públicos son los que garantizan que cada uno de estos servicios se brinden y sean efectivos. Un maestro, una policía, un enfermero, una médica, una socorrista, un experto en incendios, las y los investigadores de las universidades públicas, las y los trabajadores a cargo de todos los trámites asociados al ejercicio de la ciudadanía y que interactúan en forma directa con las y los ciudadanos.

Hasta aquí primaba la idea de que el Estado y el empleado o la empleada pública preservan o representan un interés que no es un interés particular, sino un interés general, comunitario. Sin embargo, hoy asistimos a un clima de época en la que el Estado aparece como el responsable de las dificultades, el que explica que estés mal, porque es ineficiente, porque es improductivo, porque es privilegiado, porque te cobra impuestos que luego financian a “los políticos”, porque solamente “le sirve a la casta”, y que cada vez te pide más y más recursos que se detraen de la riqueza que genera el sector privado, y aquí se refuerza la idea de que solo el sector privado genera empleo productivo y riquezas.

Esta mirada, maniquea, está muy difundida. Por ende, el empleo público tiene una connotación negativa: está sobredimensionado, es improductivo, los empleados públicos no están calificados, entraron por acomodo, son un gasto excesivo por recortar, su trabajo no genera ningún valor y, si no estuviesen allí, nada pasaría. Incluso se extiende la idea —que claramente contradice la realidad de los servicios donde más empleo público hay, como es el caso de la educación, la salud, la seguridad y la defensa— de que ser empleado público equivale a ser un “ñoqui”, es decir, una persona que no concurre a su trabajo aun cuando cobra un salario asociado a la tarea que no realiza. La pandemia tensionó al extremo este antagonismo.

Durante la pandemia mi impresión era que teníamos la oportunidad de mostrar que el Estado tenía un rol fundamental e indelegable para cuestiones tan importantes como desplegar y garantizar una estrategia sanitaria, construir hospitales, acondicionar terapias intensivas, gestionar la compra y la distribución de las vacunas, atender a lo largo y a lo ancho del país… pero no: se promovió y se instaló la idea contraria. Y creo que ese cambio se explica más por lo que vino luego de la pandemia, por lo menos en el caso argentino, donde el incremento de los precios de los alimentos, en 2021 y luego de la energía, en 2022 por el estallido de la guerra en Ucrania, impactaron muy negativamente sobre los ingresos de las familias y, digamos, se llevaron puesta la posibilidad de reconocimiento de todo lo que el Estado fue capaz de hacer durante la pandemia, tanto en términos sanitarios como en el sostén de los ingresos a través de herramientas varias como fueron el IFE, el ATP, los préstamos a tasa cero a las y los monotributistas, o los bonos a las y los trabajadores de la salud que habían arriesgado sus vidas durante larguísimos meses, casi un año.

 

FIDE: Efectivamente, el Estado en pandemia adquirió un rol fundamental. De hecho, en la Argentina uno podría decir que había una demanda muy clara para que el Gobierno nacional y los provinciales se hicieran cargo de controlar la situación sanitaria y atender, también, las consecuencias económicas de las restricciones a la movilidad. A pesar de esta demanda, parecería que aquí se produjo un salto en el rechazo al Estado. ¿Cómo se produjo este cambio en la percepción de las mayorías respecto del Estado?

AC: Obviamente, el Estado adquirió un rol central en la coordinación del manejo de la crisis sanitaria y, en esa tarea, enfrentó un doble desafío porque tuvo que entrar en tensión con la élite económica que no quería asumir una parte de los costos vinculados al financiamiento de las políticas necesarias para defender a la población y, al mismo tiempo, en tensión también con la población por los efectos del encierro y la caída de los ingresos, a lo que se sumó la batalla en torno a las vacunas.

En el peor momento de la pandemia en la Argentina, las discusiones en torno al Impuesto a las Grandes Fortunas¹ fueron álgidas e incluyeron posiciones diversas en la justicia. A la par, surgieron voces —impulsadas políticamente por la oposición— en contra de las medidas que restringían la movilidad (en la primera etapa de la pandemia, donde todavía no teníamos vacunas) y luego se extendió en la forma de dudas en torno a las vacunas que intentaban instalar una discusión geopolítica respecto del origen de cada una de ellas y de su efectividad.

En nuestro país, la oposición en primera fila, y la élite económica tras bambalinas, lograron instalar dos ideas que han resultado ser muy efectivas: el Estado te encierra, te quita ingresos, te impide progresar y, además, si ya pudo impedirte salir a la calle, de aquí en adelante irá por más, restringiéndolo todo…

Al mismo tiempo, si bien el Estado desplegó, como ya dijimos una red enorme de políticas² e invirtió una gran cantidad de recursos para su financiamiento, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia sobre la población fueron durísimas. Entonces, aun cuando hubieses tenido atención médica, vacunas e incluso algún sostén de ingresos, la economía se contrajo brutalmente y el sufrimiento social fue enorme. La inflación, como ya dijimos, acelerándose en 2021 y 2022 terminó por empeorar la situación.

Y ahí es donde aparece, con razón, una demanda de reparaciones infinitas. Y esa demanda era imposible de satisfacer, y mucho más para un Estado quebrado, como era el que heredó el Frente de Todos luego del colapso económico del gobierno de Macri y el regreso del Fondo Monetario Internacional con una deuda enorme para nuestro país que, como sabemos, tiene consecuencias de larguísimo plazo.

 

 

FIDE: La pandemia y el aumento internacional de los precios, primero de los alimentos y luego el de la energía, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, generaron las condiciones para un liderazgo como el de Milei…

AC: En esta situación aparece el proyecto refundacional que Milei comienza a cristalizar a través de lo que él llama la batalla cultural y una estrategia de construcción hegemónica. Porque de eso se trata, de una estrategia de construcción hegemónica que ya veremos si se materializa o no, pero ese es el objetivo. Los libertarios reivindican a Gramsci como un teórico que permite pensar la batalla cultural y la estrategia de construcción de hegemonía. También es importante destacar aquí que Milei es el exponente de la élite económica en la Argentina. Se trata de una construcción planeada y consistente que se pone a rodar en 2016 para correr por derecha al gobierno de Macri. Hay que bajar el gasto público, hay que reducir los impuestos y reivindicar los recortes.

Las primeras apariciones de Milei en la televisión son justamente en un programa cuyo financiamiento proviene del grupo empresario en el que él trabajaba. Milei hizo su primera aparición en el programa de Fantino con un discurso vehemente en contra del Estado, del gasto público, de la política. Luego se fue convirtiendo en un producto en sí mismo, que lograba incrementar el rating de los programas y que durante el año 2018 logra tener la mayor cantidad de minutos televisivos entre todos los economistas.

En resumen, en la aparición de Milei y su posterior triunfo para la primera magistratura en la Argentina vemos un caso de doble éxito respecto de las cuestiones que venimos discutiendo. Se logra instalar un relato en contra del Estado y de la política como factores explicativos de la desigualdad, la inflación, la falta de buenos trabajos e ingresos y, al mismo tiempo, la élite económica tiene en la presidencia de la república a un representante directo de sus intereses, especialmente de un interés que atraviesa a toda esa élite más allá de cualquier otra discrepancia: la reducción del poder regulatorio e igualador del Estado.

 

FIDE: ¿Cómo se logra que los intereses concretos de la élite económica queden debidamente legitimados y, por lo tanto, sean el plan de acción de un gobierno con apoyo popular?

AC: Milei produce algunas operaciones adicionales muy importantes para lograr legitimidad. En primer lugar, en un contexto de aumento de la inflación como el que experimentamos en 2023 (con la peor sequía de los últimos cien años, que exacerba los problemas de estrangulamiento externo), Milei no solo logra instalar la idea de que la política usa al Estado para sus propios fines y en contra del sector privado, sino, por primera vez y con mucha claridad y contundencia, la noción de “sector privado” ya no se refiere solo a las empresas, sino que contempla y se extiende para incluir al laburante cuentapropista, al monotributista y a las y los trabajadores de plataformas.

La “gente de bien” entonces, es la que trabaja fuera del Estado, la que no tiene nada que ver con la política y la que está sometida por el Estado que actúa como un opresor que le impide progresar. La emisión genera inflación y la inflación te hace pobre a vos y “ricos a los políticos”.

La idea de la meritocracia como un principio no de organización institucional, sino de organización de una sociedad y la preferencia por la desigualdad por sobre la igualdad, son previas, fueron parte del éxito del discurso de Macri durante la campaña de 2015 y sobre todo durante sus primeros dos años de gobierno. Con Milei la novedad se produce a través de la extensión del sujeto “sector privado oprimido por el Estado” a las personas y, en particular, a aquellos que están bajo otras formas de empleo y que por lo tanto sufren mucho más las consecuencias del neoliberalismo, de la inflación, de la desigualdad. Y al mismo tiempo, el concepto de casta —que es el principal responsable de la debacle económica porque es la pequeña parte de la sociedad que se beneficia del Estado— se amplía y pasa de ser un significante vago para englobar a la dirigencia social, la dirigencia sindical, algunos empresarios contratistas del Estado, la política y a los empleados públicos.

Un detalle interesante para destacar es que esta caracterización no incluye al poder judicial. Eso es muy llamativo. Milei y sus seguidores cuidan este límite. La casta, en todo caso, es el poder legislativo, las y los legisladores, pero no la justicia, los jueces, los fiscales… No, ellos no.

Hay un último elemento que hace a la efectividad y legitimidad del poder de Milei y es que él se propuso (y lo ha logrado) recomponer la autoridad presidencial que estaba devastada, luego de la experiencia del Frente de Todos. La pandemia, luego la inflación, los errores propios y, también, el permanente y creciente cuestionamiento interno que sufrió la figura de Alberto Fernández tuvo como resultado un desgaste y una pérdida total de autoridad de la figura más importante, la del presidente.

Milei recompuso inmediatamente la autoridad presidencial y lo hizo a través de acciones y gestos muy concretos; entre ellos, recordemos, dar su discurso de asunción de espaldas al Congreso. De espaldas a las y los legisladores de ambas Cámaras, elegidas y elegidos a través del voto popular. Los despidos y desplazamientos dentro del Gabinete, con las peores formas, renuncias a nivel subsecretaría por la compra de una cafetera… todo esto para dejar claro que tenemos un presidente que decide, que toma decisiones aun cuando éstas sean inexplicables.

Al mismo tiempo, y con el apoyo de una parte significativa de la oposición, Milei logra impulsar leyes y decretos de necesidad y urgencia con una gran cantidad de modificaciones al marco normativo previo. A través de estas acciones también se reconstruyó la autoridad presidencial, no importa si está bien, si está mal, si se lleva puesto al Congreso (donde vive la casta), lo importante es que lo que el presidente quiere, lo logra. Al menos así fue durante todo 2024.

 

FIDE: Tu interpretación entonces es que estamos en una situación diferente y que debemos revisar lo que creemos son las posiciones u opiniones de las mayorías. Dicho de otro modo, la contracara de la legitimidad lograda por Milei es una transformación en el sentir y pensar de una parte importante de la población…

AC: Sí. En estos últimos años, quizás un poco más, una década, se han producido cambios importantes en las creencias sociales. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta estos cambios y que despleguemos estrategias en consecuencia. De acuerdo con los datos de PULSAR³, hoy en la Argentina la mayor parte de la población ya no defiende al Estado y no lo prioriza por sobre el mercado.

Es importante tener en cuenta esto para hacer política, porque otra característica de esta época es estar rodeado o circundado por personas que piensan igual a uno. Entonces, la posibilidad de equivocar el discurso y perder una parte importante del electorado con palabras e ideas que solo refuerzan las creencias del grupo al que uno pertenece se incrementan.

No debemos sesgarnos a nuestro micromundo, obnubilarnos y pensar que lo que escuchamos en nuestro espacio de pertenencia representa un promedio o la mayoría de las opiniones. Uno de los resultados de la fusión del PRO o Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza es justamente la consolidación del liderazgo de Milei y la defensa de toda esta masa de electores que quieren reforzar lo privado por sobre lo público. En las encuestas, cuando se pregunta por la reducción del gasto público el apoyo es abrumador, justamente porque la operación ideológica de la que hemos hablado antes ha sido muy efectiva, y ahora el gasto público que incluye áreas tan sensibles como la inversión en infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y las jubilaciones está bajo sospecha de ser la fuente de financiamiento de la “casta”, de la política.

Si bien la mayoría no está de acuerdo con el recorte en educación, salud y jubilaciones, se produce una confusión y los planes del actual Gobierno y de la élite logran ganar apoyo y legitimidad.

En los relevamientos, frente a la pregunta por la preferencia respecto a la posibilidad de trabajar en el sector público o en el sector privado, a igualdad de condiciones, la mayoría elige trabajar en el ámbito privado.

Esto habla de las transformaciones más profundas de la ideología, que van más allá de Milei y que se han extendido desde mediados de los ‘70 para acá. En la historia argentina desde la última dictadura en adelante ha primado la idea del individuo y del mercado como principios organizadores por encima del Estado y de la política como herramientas para transformar la economía y la sociedad.

El ámbito colectivo está reducido y lo privado y lo individual está instalado, muy profundamente, como marca de salvación propia o redención.

 

FIDE: ¿Cómo se explica este giro en las preferencias por lo individual y lo privado y en detrimento de lo público y lo colectivo?

AC: Creo que hay dos fenómenos diferentes, pero que se potenciaron en los últimos años. Por un lado, hay una demanda respecto de la calidad de los servicios que presta el Estado, en particular respecto a servicios que la ciudadanía considera muy importantes como son la educación y la salud, luego también hay problemas con la calidad de los servicios cuya prestación queda a cargo de los privados, pero el Estado no logra articular una forma de control o regulación y las y los usuarios quedan desprotegidos.

En el caso argentino, durante y luego de la pandemia sucedieron episodios puntuales que tuvieron una repercusión enorme como la fiesta de Olivos, el acceso a las vacunas antiCOVID por fuera de los turnos establecidos y las fotos de Insaurralde, que era un funcionario público, en un yate vacacionando en playas para millonarios. Todos estos episodios se cargaron a la cuenta del Estado y de la política…

En la pandemia los empleados públicos quedaron, como ya dijimos, en la categoría de privilegiados. Esto es novedoso, previamente nadie veía un privilegio en el empleo estatal, de hecho, normalmente los salarios en el sector público eran menores a los que se pagaban en el sector privado. Pero como en estas últimas dos décadas los ingresos y las condiciones de las y los trabajadores en el sector privado también han sufrido mucho, las condiciones del empleo público comenzaron a lucir más ventajosas, al menos hasta 2023 (hoy ya el deterioro salarial es brutal), y allí aparece otra vez la idea de privilegio, de casta, de acomodo. A esto se suma el plus por la supuesta estabilidad del empleo público… que ya hemos aprendido que no es tal, pero que en todo caso es mayor que la que caracteriza al sector privado y ni que hablar si se la compara con las condiciones de trabajo en las plataformas o por cuenta propia. La estabilidad pasa a ser un privilegio, porque la estabilidad no la tiene nadie en el sector privado. Antes esto se compensaba con mayores ingresos en el sector privado, pero ahora no. Durante la pandemia esta idea se reforzó porque el único sector del trabajo que conservó ingresos y condiciones laborales a pleno, como si no hubiera pandemia, fue el sector público.

 

FIDE: Aquí aparecen no de una, sino de varias formas, las preguntas respecto a qué Estado es necesario, a la calidad de sus políticas. Parecería que en tiempos de “motosierra” es difícil plantear estas preguntas. ¿Cuáles son los temas que, producto de tu experiencia a cargo del área de capacitación y empleo público, tenemos que revisar para pensar ese nuevo Estado?

AC: Después de la motosierra del presidente Milei que ha afectado una gran cantidad de áreas, muchas de ellas de gran sensibilidad e importancia, la demanda de reparación va a ser infinita, y el principal desafío será identificar qué es necesario reconstruir y qué tenemos que volver a pensar y hacer diferente. Hay varias cosas que tenemos que revisar.

Arranco por el reclutamiento endogámico. No podemos seguir con esta idea. Veámoslo a través del ejemplo virtuoso de la universidad pública en nuestro país ¿Por qué se defiende la universidad pública? Se la defiende masivamente —recordemos las inmensas manifestaciones en su defensa del último año y medio— justamente porque cualquiera que terminó el secundario y tiene un DNI puede inscribirse y comenzar sus estudios. Después hará su camino, y puede que concluya o no sus estudios, pero eso es otro tema: para ir a la universidad pública en nuestro país no hay ningún acomodo, cualquiera puede ingresar. Cuando cualquiera puede entrar, aunque no entre, aunque no quiera entrar, la idea de que está abierta para todos la hace mucho más defendible que aquellos lugares a los que solo acceden los que “conocen a alguien”.

En general, para ingresar a cualquier empleo público o privado se requieren tres cosas: experiencia, cierta capacitación asociada al puesto y vinculaciones. Y por vinculaciones solo me refiero al conocimiento de una persona que te recomienda. Es lógico y, en todos los casos, la vinculación facilita el ingreso, pero en el sector público tenemos que poder desplegar mecanismos y herramientas para que el acceso a las vacantes que generan sea una posibilidad para todas y todos los que estén capacitados. De lo contrario, ahí se inocula con facilidad la idea de casta, de ñoqui, de acomodo que, como bien sabemos, no es cierta pero que articula muy bien con el relato que hemos venido revisando. De hecho, la mayor parte de la planta de empleados públicos está explicada por las y los docentes, las fuerzas de seguridad y las y los trabajadores de la salud. Pero no importa, la operación ha sido exitosa y ahora los empleados públicos son casta.

El segundo tema que me gustaría mencionar se relaciona con la organización federal de nuestro país. Un país muy grande con 24 jurisdicciones. Para que el Estado y los servicios que éste presta sean considerados favorablemente por la población, es necesario un nivel de coordinación que hoy no tenemos. Si bien existe el Consejo Federal de la Función Pública, que este Gobierno ha desmantelado, lo cierto es que el grado de coordinación es bajo y los tres niveles de la administración pública (nacional, provincial y municipal) se confunden y son para las y los ciudadanos una sola cosa. Entonces, si cuando te atienden en cualquiera de estos niveles la atención es deficiente, es el Estado en su conjunto el que atiende mal.

Hay un problema más profundo y difícil de desarticular y que le da verosimilitud al diagnóstico de Milei. Lo podemos observar a través de un par de indicadores como son el PIB per cápita y la participación de los salarios en los ingresos. Hace rato que se está haciendo muy difícil que las mayorías mejoren su nivel de vida. Los motivos son variados y profundos, pero la consecuencia es que no podés salir adelante, que no tenés trabajo, que no te alcanzan los ingresos, que no tenés un lugar estable en donde vivir y todos estos problemas son más graves para los jóvenes, entonces es muy fácil introducir y sostener la idea de un Estado inútil, aun cuando, como dijimos al inicio de esta conversación, el empeoramiento en la distribución del ingreso tiene explicaciones concretas relacionadas con esta etapa del capitalismo y con las presiones que ejerce la élite económica para aumentar sus ganancias.

Volviendo a la primera parte de mi respuesta, el nivel de destrucción que quedará después de Milei no solamente va a generar una demanda de reparación infinita, sino que el proceso de reconstrucción va a ser muy difícil. Sobre una dotación en la administración central de aproximadamente 200.000 trabajadores, este Gobierno ha hecho, según sus propias estadísticas, un recorte de 50.000. Es mucha gente, han desaparecido unidades enteras, es decir que hay funciones que ya no están. También ha habido un impacto profundo en las condiciones laborales. Hoy se trabaja muy mal en el Estado, con falta de conducción y una espada de Damocles del despido en forma permanente, con muchos trabajadores que tienen que renovar sus contratos cada tres meses.

 

FIDE: ¿Qué cambios deberíamos encarar en la gestión de lo público para revalorizar y potenciar su accionar?

AC: En el campo nacional y popular que entiende la relevancia y defiende al Estado y el desarrollo permanente de sus capacidades, tenemos que hacer un esfuerzo grande para redefinir la relación entre la política y el Estado. Y esto es serio porque, del otro lado, aquellos que piensan que hay que destruir al Estado tienen muy claro lo que quieren hacer y para qué. Tanto en la gestión de Macri como en la de Milei hubo ministerios específicos dedicados a la transformación del Estado. Ellos y la élite económica tienen muy claro lo que buscan cambiar y cómo lo quieren hacer; en cambio, nosotros nos referimos a cuestiones muy generales: que el Estado intervenga, que equilibre, que otorgue derechos.

Aunque resulte molesto, me parece que es importante decir que por momentos entre quienes defienden al Estado aparece la idea de lo público como un lugar para hacer política, como un botín. No creo que un Estado weberiano puro, que no acepte la conducción del equipo de gobierno que ha ganado legítimamente las elecciones sea deseable, pero eso no quiere decir que la administración pública sea un botín para repartir por las fuerzas políticas victoriosas. La política no puede ni debe arrasar con la administración pública, y mucho menos creer que si lo hace no pasa nada, que eso no tiene efecto o consecuencias sobre las capacidades estatales y sobre la percepción de las y los ciudadanos sobre el Estado.

Para lograr un Estado que sea capaz de pensar y llevar adelante un plan de desarrollo económico y social como el que necesita nuestro país, vamos a necesitar reconstruir una administración potente, con capacidades, con mecanismos de coordinación y articulación muy aceitados. En concreto, podríamos utilizar algunas herramientas que se observan en países vecinos para delimitar o limitar el grado de discrecionalidad respecto de la estructura del Estado. Me refiero a la Ley de ministerios y al grado de consenso para modificarla. La idea es reducir los niveles de discrecionalidad para que sea el Congreso el que establezca las funciones básicas, que son las que se utilizan para confeccionar el Presupuesto, y luego en relación con ellas se defina una estructura del Estado acorde a estas funciones. Lograríamos entonces una estructura estable en la que se pueden introducir modificaciones, pero éstas no pueden ser tan significativas como los que hemos visto en nuestro país.

Esto ya sucede en algunos países de América Latina, por ejemplo, en Uruguay, Chile y Brasil. En estos países el poder del Ejecutivo está limitado respecto de las modificaciones que puede imprimirle a la estructura y a la dotación de la administración pública. Algunas funciones del Estado que se consideran imprescindibles no pueden modificarse, su estructura y sus leyes fundamentales en materia de defensa, política exterior, interior, educación, salud, ciencia y tecnología solo pueden ser cambiadas por mayorías agravadas. Con un mecanismo de este tipo quedan protegidas las funciones básicas y se garantiza una trazabilidad de los principales temas. Teniendo claras las funciones primordiales, también se puede trabajar profesionalmente sobre las dotaciones óptimas de modo tal de tener la cantidad necesaria de recursos y, al mismo tiempo, evitar recortes que pueden poner en peligro la prestación eficiente de las funciones establecidas como prioritarias.

Con este tipo de herramientas también podríamos evitar lo que podríamos denominar como “federalismo disfuncional”, donde la heterogeneidad en la prestación de los servicios es enorme y, también, donde pivoteamos entre la falta de financiamiento para los servicios esenciales en los territorios menos desarrollados y la falta de compromiso de los gobiernos provinciales con una estrategia de desarrollo conjunto, es decir, nacional. También tenemos que prestar atención al fenómeno de autonomización de organismos que luego resulta difícil administrar, con estructuras que no paran de crecer, salarios que se desenganchan del resto de la administración central, dificultad para orientar estratégicamente la gestión y coordinarla con el resto de las políticas públicas. En esta tendencia también se observa una cierta “dinámica de botín” que tenemos que evitar.

Otro tema que puede parecer menor, pero que tiene su importancia en la gestión, es la necesidad de diseñar unidades específicas, unidades asociadas a la figura del ministro o ministra y sus secretarios y subsecretarios. En esas unidades se puede designar personas que son de confianza de esos funcionarios y funcionarias, pero que cuando cesan las funciones de sus superiores tienen que irse. De esa forma, desde el punto de vista funcional tenés los equipos de apoyo directo a los cuadros políticos designados por la o el presidente, pero no los sumás de forma permanente a la planta por la vía de la creación de “ravioles” innecesarios o por la vía de su incorporación al Sistema Nacional de Empleo Público.

Como dije, hay instrumentos concretos que pueden ayudar en la recreación de un Estado postmotosierra que sea efectivo en la enorme tarea que tiene por delante y que, al mismo tiempo, les muestre a las y los ciudadanos que se reconfigura para alejarse del amiguismo, la endogamia y otras prácticas que solo lo debilitan. Tenemos que estudiar y mejorar las leyes para impedir la “puerta giratoria” y, también tenemos que trabajar en la interoperabilidad de las bases de datos públicas que son fundamentales para el diseño e implementación y que hoy están compartimentadas por distintas leyes (secreto fiscal, bancario, bursátil, protección de datos personales, entre otras) que deben ser estudiadas para no quedar en desventaja respecto del sector privado o con falta de datos fundamentales para el diseño de las políticas públicas. Por supuesto, el manejo de los datos debe hacerse sin descuidar los derechos que asisten a los ciudadanos.

También tenemos que fortalecer los organismos de control con autonomía e independencia funcional del Ejecutivo. Doy un ejemplo: que la Oficina Anticorrupción dependa del presidente es un despropósito. Y también tenemos que trabajar mucho, como ya dije, en la instancia horizontal de coordinación, allí el rol de la Jefatura de Gabinete de Ministros es esencial y lo es también que la persona que ocupe ese cargo tenga la impronta necesaria para hacerse cargo de esta tarea que es fundamental para el despliegue de estrategias de desarrollo complejas, que involucran varios ministerios y organismos y niveles de gobierno diferentes.

Hoy hay disponibles una serie de herramientas muy novedosas que también se tendría que empezar a implementar. La planificación prospectiva, estratégica con escenarios futuros, es una técnica que viene avanzando a pasos agigantados, sobre todo en el despliegue de inteligencia artificial. Todo esto es la contracara de una cultura de la planificación que tenemos que recrear.

Por último, es muy importante ocuparse de la calidad y efectividad de las tramitaciones, las distintas ventanillas presenciales y virtuales donde las personas realizan diariamente una gran cantidad de trámites. Durante la pandemia y en los años posteriores a ella se trabajó mucho en este sentido, pero hay muchísimo más por hacer. Cuando una o un ciudadano se enfrenta a un trámite y logra resolverlo de forma sencilla y satisfactoria, eso vale más que mil campañas políticas. Todavía tenemos muchas heterogeneidades en la atención, presencial y virtual, en un país enorme con grandes disparidades.

En resumen y para concluir, la Argentina enfrenta un escenario complejo en un mundo de incertidumbre creciente y con una situación nacional, macroeconómica y política de mucha debilidad. Pero tiene, al mismo tiempo, capacidades muy concretas, entre ellas las estatales, que pueden y deben potenciarse porque son fundamentales para pensar la nueva estrategia de desarrollo económico y social. Tenemos que animarnos a pensar al Estado de nuevo y a ponerlo en el lugar que se necesita para poder apoyar un programa de gobierno nacional y popular, cuyo eje deben ser los resultados concretos en términos de calidad de vida para las mayorías.

Publicado en Diálogos 2025

Veronica Robert

“La transición energética y la nueva narrativa en favor de las políticas industriales representan una oportunidad para la Argentina. Para materializar esa oportunidad es necesario ganar poder de negociación, en base a nuestras reservas de recursos naturales críticos, y capturar parte de la renta para agregar contenido local, aumentar el valor agregado en las exportaciones e invertir en ciencia y tecnología.”

 

Verónica Robert es doctora en Economía y magíster en Economía y Desarrollo Industrial. Durante su carrera se ha especializado en economía de la innovación, cambio tecnológico y desarrollo económico, tópicos que hace décadas nuestro país visita y revisita con resultados variopintos.

Verónica es investigadora del CONICET, dirige la Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín y es profesora de posgrado en dicha universidad.

Entre 2022 y 2023 fue Subsecretaria de Estrategia para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, lugar desde el cual impulsó la estrategia de desarrollo de la economía del hidrógeno y un proyecto integral de industrialización del litio y de la electromovilidad en la Argentina. Esta experiencia es crítica para identificar las oportunidades y los desafíos que la transición a tecnologías con menor impacto en el ambiente supone para nuestro país.

Nos interesaba conversar con Verónica respecto de las claves actualizadas de un programa de desarrollo industrial nacional que, en la opinión y tradición de FIDE, sigue siendo el camino que nos podría conducir a una sociedad más justa y soberana.

 

FIDE: ¿Cuáles son, en el actual contexto internacional, regional y nacional, las condiciones para una reindustrialización exitosa de la Argentina?

Verónica Robert (VR): En mi opinión hoy tenemos un contexto difícil, pero favorable, para plantear un plan de desarrollo de nuevas capacidades industriales en la Argentina. En el plano internacional se ha presentado un cambio de narrativa. Luego de décadas en las que “la mejor política industrial era no tener política industrial” y donde la eficiencia era la única variable relevante, hoy el mundo atraviesa un período en el que se ha revalorizado el rol del Estado como un actor fundamental para dar respuesta a los desafíos en materia de autonomía estratégica, seguridad y resiliencia, en el marco de una reconfiguración de las cadenas de valor que se fueron construyendo a lo largo de décadas de globalización de la producción. Hemos pasado de una situación en la que lo mejor que se podía hacer en materia de política industrial era no hacer absolutamente nada y que los mercados decidieran qué y dónde producir con la mínima intervención estatal posible, a un mundo que se pregunta —y opera en consecuencia— por la eficacia y por la prosperidad, léase por la generación de empleo, el desarrollo y control de las nuevas tecnologías y por la generación de formas de producción con menor impacto en el ambiente.

En resumen, el cambio en la narrativa, desde una mirada únicamente enfocada en la eficiencia a otra donde el bienestar, la seguridad, la resiliencia y las capacidades para desarrollar los nuevos productos y servicios, representa un contexto favorable para que nuestro país vuelva a pensar un plan de desarrollo. El cambio de contexto no quiere decir que se trata de una tarea sencilla, pero, sin duda, es más propicio que otros contextos que hemos vivido por la legitimidad que hoy tienen estas discusiones.

 

FIDE: ¿En qué momento y circunstancias se ha producido este cambio en la narrativa en torno a la importancia de la política industrial y el rol del Estado en el desarrollo?

VR: Este giro de la narrativa desde la eficiencia hacia la prosperidad aparece en una serie de documentos en la Unión Europea y en los Estados Unidos hace ya algunos años, producto de la disputa tecnológica y del surgimiento de las capacidades de innovación en Asia, y se refuerza luego del impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Un poco antes de la crisis del 2008/2009 aparecen inquietudes que dan lugar a las condiciones para este cambio de visión. El telón de fondo de estas inquietudes está dado por el proceso de desindustrialización de las economías centrales. En los Estados Unidos, en la Unión Europea, en otros países desarrollados como Canadá, Australia, Japón, incluso en Corea, se han perdido capacidades industriales.

Y junto con la pérdida de esa capacidad manufacturera se han presentado más dificultades para las clases medias que, producto de la compresión de los salarios, han tenido que recurrir crecientemente al crédito para poder solventar sus gastos y, por lo tanto, a la par de la pérdida de empleo industrial y de salarios más bajos, se ha generado un incremento muy notorio del endeudamiento de las familias, con un nuevo impacto en el ingreso familiar. Hay muchos artículos referidos a este tema que se resumen en el “malestar en la globalización” que tuvo consecuencias políticas y sociales en los países desarrollados.

La pandemia y la guerra terminan de instalar y reforzar la idea de la prosperidad, el valor de lo nacional, del control del territorio y la soberanía. Las interrupciones en los canales de suministro, el incremento de la inflación, la caída del empleo, la incertidumbre y los problemas en la producción que se produjeron en la pandemia pusieron de manifiesto que producir en tu territorio algunos bienes y servicios tiene un valor estratégico. Podemos decir que la pandemia y la guerra han sido los últimos desencadenantes de este cambio de narrativa que se venía gestando desde mucho tiempo atrás.

 

FIDE: Entonces, luego de la pandemia y de la guerra se ha intensificado la narrativa en torno al valor de la prosperidad, de la generación de empleo, de la innovación y del control de las nuevas tecnologías en detrimento de la eficiencia como única variable para las decisiones de inversión y producción

VR: Ciertamente. De acuerdo con el criterio de la eficiencia, todos los autos eléctricos y todas las baterías deben ser producidos en China. Si utilizáramos únicamente el criterio de eficiencia, la Unión Europea no debería producir ni un solo auto. Todos deberían producirse en China. Pero las decisiones no se toman únicamente en base a la eficiencia, sino que existe una tensión en torno a dónde se genera el bienestar, dónde se vive mejor y a la relación entre el desarrollo industrial, entendido en sentido amplio, por supuesto, incluyendo los servicios, y la capacidad de los países de generar empleo y buenos salarios. Este giro ha posibilitado que hoy la política industrial esté más justificada que nunca, y esto le otorga la legitimidad que siempre debió tener. Hoy en el mundo ya nadie discute la necesidad de una política industrial y científico-tecnológica como parte esencial del quehacer del Estado-nación e incluso de los Estados provinciales y/o las regiones dentro de un país.

Hay también una creciente tensión hegemónica por el control y el desarrollo de estas “nuevas” cadenas de valor. En los Estados Unidos podemos identificar dos etapas: la etapa de Biden, con la famosa Inflation Reduction Act (ley de reducción de la inflación), que representa el mayor paquete fiscal en la historia de los Estados Unidos para estimular y liderar la transición energética. En la segunda etapa, aparece la “guerra comercial” de Trump. En ambos casos el subtexto es claro: la producción debe volver a instalarse en los Estados Unidos. Vuelvan a producir autos, baterías, acero, aluminio, chips y muchos otros productos en su territorio, esa es la señal que envía el Estado norteamericano a través de distintos instrumentos. Hay una urgencia manifiesta por restablecer capacidades industriales en el territorio. Se trata del principal marco interpretativo para entender la política industrial norteamericana.

La Unión Europea, por su parte, ha desarrollado un relato en torno a la idea de establecer al bloque como un líder en materia de transición energética, reflejando una preocupación de su población respecto del deterioro ambiental. El objetivo es dominar las nuevas cadenas de valor que se generan con la transición. A la par de las nuevas regulaciones para la producción en Europa que favorecen las tecnologías con menor impacto en el ambiente, se despliega un cuerpo entero de medidas comerciales restrictivas para asegurar que las importaciones no podrán competir con la cancha inclinada a su favor, por ser producidas en países donde las exigencias ambientales son más laxas.

Al mismo tiempo, estas nuevas regulaciones protegen los mercados internos, el mercado interno europeo. Conceptos como el impuesto al carbono en frontera son un buen ejemplo de la forma en la que, al mismo tiempo, se estimula el desarrollo de nuevas formas de producción, productos y servicios y se cuida o protege el mercado para la producción local. En igual sentido opera el reglamento europeo sobre productos libres de deforestación. Esta normativa pretende establecer criterios para que la industria europea que afronta mayores costos por la descarbonización no tenga que competir en desventaja con, para citar un ejemplo concreto, acero importado que no cumple con los mismos estándares ambientales. Más allá del objetivo de fondo —reducir el impacto en el ambiente— y el verdadero apego a esta idea o no, lo cierto es que todas estas reglamentaciones operan como una nueva política industrial europea. Se protege el territorio, los recursos, la salud de las personas y los animales y se protege también el mercado interno, el salario y el empleo.

Hay un contrapunto, una divergencia entre lo que plantean los Estados Unidos –que tiende, sobre todo durante las presidencias de Trump, a un mundo sin reglas, incluso sin la Organización Mundial de Comercio (OMC)– y la posición de la Unión Europea, que apuesta a un mayor compromiso climático y también al multilateralismo, donde lo ideal es un mundo con reglas.

Por último, tenemos el tercer bloque, China. China es el principal emisor del mundo. China es el país que más carbón consume en el planeta y es el que mayores emisiones genera y, sin embargo, también es un país que invierte una cantidad enorme de recursos para el desarrollo de tecnologías con menor impacto en el ambiente. Entonces, China es, al mismo tiempo, el país con mayores emisiones en el mundo y también controla todas las cadenas de valor de las energías limpias. China tiene el 90% de la producción de baterías, el 60% de la producción de autos eléctricos y el 55% de la producción de aerogeneradores. También controla más del 95% de la producción de paneles solares y de las celdas fotovoltaicas. Mientras Trump dice que quiere irse del Acuerdo de Paris, Xi Jinping promete aumentar los compromisos ambientales de China.

 

 

FIDE: En esta apuesta por la transición energética y, más en general, por las tecnologías “limpias” o con menor impacto en el ambiente, se juega entonces la posibilidad de liderar la producción de todos los nuevos productos y servicios...

VR: Efectivamente, lo que está en juego es un nuevo paradigma tecno-productivo. Cada etapa histórica tuvo su paradigma, su salto tecnológico, en la primera revolución industrial, en la segunda revolución, más tarde en el fordismo. Cada etapa histórica tiene un paquete tecnológico que la describe, que la condiciona y en la que hay ganadores y perdedores. Incluso en los países periféricos (o no centrales), como es el caso de la Argentina, en la década del ‘50 fue crítico el desarrollo de la industria automotriz porque el automóvil fue un elemento clave del paradigma de aquel momento.

Para producir automóviles había que poder desarrollar un conjunto de competencias industriales y tecnológicas que servían no solamente para la industria automotriz, sino para todo el entramado productivo nacional. Muchas empresas proveedoras de terminales automotrices también fabricaban partes y piezas para la maquinaria agrícola o estaban relacionada con el equipamiento en la industria de alimentos. El desarrollo de proveedores también fue clave. Nos encontramos entonces en una de esas coyunturas históricas donde el paradigma tecnológico está girando. Cuando gira el paradigma, algunas tecnologías e industrias entran en declive y otras surgen y se expanden. Asociado a este proceso, por supuesto, se genera destrucción y creación de empleo y también son momentos históricos de aumento de la tensión y de la disputa entre países y regiones, que buscarán posicionarse en las cadenas con mayores oportunidades de acumulación.

 

FIDE: En este contexto de cambio de paradigma tecno-productivo, ¿existen oportunidades para un país como la Argentina?

VR: Ciertamente, la pregunta crítica para la Argentina en este momento es cómo poder participar en este nuevo paradigma, poder identificar las oportunidades y desarrollar las nuevas capacidades. No se trata de una pregunta retórica y tampoco de algo que podamos soslayar o ignorar. Si no pensamos cómo hacerlo, tarde o temprano nuestra producción quedará obsoleta y nuestros trabajadores y trabajadoras tendrán menos oportunidades de empleo. Tenemos que recordar, además, que para el desarrollo de nuestra industria es clave el mercado ampliado que supone el Mercosur, necesitamos poder vender nuestros productos en otros países, en otras regiones. Dicho de otro modo, no tenemos opción: tenemos que pensar “en y con” la región y tenemos que pensar en los nuevos productos, servicios y sectores porque allí se generará el empleo de calidad. 

Querría volver al inicio de esta entrevista. Por un lado, tenemos este nuevo paradigma tecno-productivo y un nuevo mapa de oportunidades a través del cual podríamos intentar una inserción distinta, con mayor valor agregado argentino. Por otro lado, tenemos, como ya conversamos, un cambio en el discurso, en la narrativa, respecto del rol del Estado y de la criticidad de la política industrial y científico-tecnológica en esta etapa.

Para ser honesta respecto de mis cavilaciones en cuanto a las oportunidades de la Argentina, diría que hay días en que soy optimista y hay días… en que soy pesimista.

Por un lado, el nuevo discurso respecto de la necesidad de políticas industriales nos abre posibilidades. Sin embargo, esto no quiere decir que, porque la política industrial ya no está vedada en los textos y los principales foros de discusión, estamos en condiciones de pensar y desarrollar una nueva política industrial. Vamos a tener dificultades para hacer política industrial, tanto por factores externos como por factores internos.

Básicamente se va a potenciar la competencia por esos “espacios de política”. Permítanme poner un ejemplo para que se entiendan las dificultades que se nos presentan: si la Argentina decidiera reemplazar toda su matriz energética por eólica (no me interesa discutir aquí si eso conviene o no, solamente lo quiero utilizar como un ejemplo), entonces nuestro país se convierte inmediatamente en un nuevo mercado para una serie de bienes y servicios necesarios para generar toda la energía en base al viento, es decir, somos un nuevo mercado para los tecnólogos que producen aerogeneradores, es un mercado importante, en un territorio amplio. Y unos cuantos países van a querer aprovechar este nuevo mercado. Dinamarca, con la empresa Vestas Wind System, Alemania a través de Siemens, los chinos a través de Goldwind. Hay una lista de países con capacidad de manufactura ya instalada y funcionando en la producción de aerogeneradores que están esperando la transición de otros países para colocar sus productos en estos mercados.

Dicho de otro modo, las políticas ambientales sin políticas industriales son el camino a una mayor dependencia tecnológica y pérdida de capacidades productivas. Sin embargo, esto no quiere decir que simplemente tenemos que negarnos a la transición verde, porque como ya dijimos esto nos conduce a un escenario de obsolescencia y caída pronunciada de la productividad y la competitividad. Al mismo tiempo, no podemos perder la oportunidad de avanzar sobre los sectores que conforman el nuevo paradigma tecno-productivo; en el ejemplo que estamos conversando, la transición de la matriz energética debería funcionar como una oportunidad para producir algo de los bienes de capital necesarios aquí, en la Argentina. Desaprovechar esta doble oportunidad es un pecado…

Hay que tener bien claro que estas son las industrias donde los mercados globales van a ser más grandes y dinámicos, los mercados domésticos van a ser más grandes y es hacia donde tenemos que orientar a nuestra industria. Pero, así como no cabe ninguna duda de la necesidad y de la oportunidad estratégica respecto de esta transición, tampoco cabe ninguna duda respecto de las dificultades que implica el desarrollo de una política industrial eficaz para un país como el nuestro.

 

FIDE: En particular en el caso argentino, ¿cuáles son los sectores que podrían funcionar como vectores de transformación y ser eficaces para el desarrollo?

VR: En este contexto global, las oportunidades para nuestro país están vinculadas con la oferta de recursos críticos. En la transición hacia tecnologías con menor impacto en el ambiente, estos materiales pueden hacer la diferencia y dejarnos en una mejor posición negociadora respecto de las nuevas cadenas globales. Así como hubo una primera revolución industrial y un cambio de paradigma tecno-productivo donde aparecieron nuevas tecnologías, en la transición actual también se observan nuevas tecnologías. Las políticas de descarbonización y de seguridad energética han generado un escenario de disputa hegemónica global. Los Estados Unidos y China, también la Unión Europea…

Como ya explicamos, en la Unión Europea el proceso está traccionado por las políticas ambientales y por políticas industriales con las que busca una transformación estructural. En esta estrategia hay una necesidad de asegurar las condiciones de abastecimiento de estos recursos, y este abastecimiento debe darse de forma sostenida y continua en el tiempo. Porque acceder a estos recursos críticos en condiciones conocidas y previsibles es lo que permite disputar la carrera tecnológica. No se puede montar una nueva capacidad productiva si existen riesgos de abastecimiento de los insumos críticos, es decir insustituibles. Es decir, Estados Unidos puede fabricar baterías, pero si no garantiza el aprovisionamiento continuo de litio, la producción de baterías y de autos no logra las condiciones para poder capturar los nuevos mercados y disputarle a China lugar en las nuevas cadenas. Entonces, no solamente es una la cuestión de tener las inversiones en los sectores estratégicos, sino también de tener acceso a los mercados críticos en condiciones de seguridad de abastecimiento. Esto le otorga a la Argentina capacidad negociadora.

En esta transición hay una demanda específica sobre algunos recursos naturales, minerales críticos, como litio o tierras raras, pero no solamente minerales, también energías limpias, energías renovables, transformadas en insumos industriales limpios como urea o acero verde. La región y la Argentina en particular tienen esos recursos que debemos utilizar como palanca en las negociaciones para poder aumentar nuestra participación en las nuevas cadenas.

 

 

FIDE: ¿Y cuáles son las condiciones que debemos establecer en estas negociaciones, puertas adentro y afuera para que estos sectores se transformen y evitemos un nuevo ciclo de primarización?

VR: Hay dos caminos posibles para participar en estas cadenas. Podemos participar capturando renta o podemos participar agregando valor. Los sectores de los recursos naturales de los que estamos hablando generan una renta diferencial, una renta extraordinaria, proveniente de la calidad recurso.

Ofrezco un ejemplo. El litio que se extrae de los salares argentinos, el litio que se extrae del Salar del Hombre Muerto en Catamarca, tiene condiciones naturales que hacen que el costo de extracción del litio sea uno de los menores a nivel internacional, junto con el Salar de Atacama, donde operan los proyectos de SQM y de Albemarle, en Chile. En contraposición, el litio extraído de las rocas en Australia tiene un costo de entre un 70% y un 100% más elevado.

Esta diferencia de costo representa una renta diferencial para quienes extraen el litio en estas regiones. Y allí es donde es muy importante plantear qué hacer con esa renta. Chile ha logrado establecer un esquema de regalías móviles que llegan al 40% del valor de exportación, y con esos recursos ha buscado financiar la radicación de empresas que produzcan aerogeneradores y electrolizadores, para luego alentar proyectos de hidrógeno en la Patagonia chilena.

La otra posibilidad es participar en la cadena de esos minerales, pero no meramente en la extracción, sino buscando las oportunidades aguas arriba y aguas abajo dentro de esa cadena. Otra vez podemos utilizar el ejemplo de Chile, que ha establecido que el 25% del litio que se extrae de los salares en Atacama tiene que ser manufacturado en el país, buscando alentar empresas orientadas a la producción de materiales catódicos.

Otro caso interesante es el de Indonesia. Indonesia prohibió las exportaciones de níquel sin procesar. En República del Congo se han impuesto restricciones a las exportaciones de cobalto a comienzos de este año y en Zimbabue, uno de los nuevos jugadores en el mercado de litio, desde 2022 están buscando establecer condiciones a las empresas extractivas para que las exportaciones contengan mayor agregado de valor local, incluyendo la prohibición de exportaciones de material que contiene litio sin procesar. Luego de muchas críticas, hoy Indonesia se presenta como un caso exitoso, documentado incluso por el Fondo Monetario Internacional, dado que la prohibición de exportar ha estimulado la producción local. Vemos entonces distintas opciones para agregar valor y poder participar en las nuevas cadenas. La renta generada por los recursos críticos de este nuevo paradigma tecno-productivo es la que te otorga una capacidad negociadora particular.

El hidrógeno verde o de bajas emisiones también representa una oportunidad. Se posiciona como un nuevo combustible limpio. El hidrógeno es interesante porque se trata de un proceso a través del cual se transforma energía renovable y limpia, en una molécula con la cual se pueden manufacturar combustibles sintéticos para utilizar, por ejemplo, en los aviones. También se puede utilizar para descarbonizar sectores como la siderurgia o la petroquímica, incluyendo la producción de fertilizantes. En términos de energía renovable la Argentina también tiene condiciones favorables. El mapa de vientos en nuestro país nos pone en un lugar muy competitivo, hay lugares con mucho viento durante gran parte del año. En particular en la Patagonia, el potencial es enorme. En Europa un molino de viento funciona en promedio el 20% del tiempo, mientras que un molino en la Patagonia está en funcionamiento el 60% del tiempo. Es decir, un mismo bien de capital, una misma inversión, genera tres veces la energía que genera en Europa. Eso también implica un diferencial de renta. Y esa renta implica una capacidad negociadora para retener una parte de esa renta y lograr agregar valor, es decir, trabajo en nuestro país. Podemos aprender a fabricar combustibles sintéticos, a producir materiales catódicos, baterías.

En el caso de las baterías, China lleva la delantera; le sigue Estados Unidos y, luego, Alemania dentro de la Unión Europea. Por supuesto, hay muchos otros países que también producen baterías: Japón, Corea del Sur y muchos otros que aspiran a tener una producción fuerte asociada a la electromovilidad, como Turquía, Sudáfrica, Marruecos, países del sudeste asiático o India. Lo interesante es hacer la intersección entre la capacidad para producir baterías y las terminales automotrices que tiene cada uno de esos países. Se hacen baterías donde se producen autos. En América Latina tenemos terminales automotrices y, por ahora, no estamos produciendo baterías para la electromovilidad. Esto está a punto de cambiar por nuevas inversiones planeadas en Brasil…

 

FIDE: ¿En qué situación está Brasil? En el contexto del Mercosur, con grandes terminales automotrices y con una historia de complementación con la industria argentina, suponemos que es clave seguir su trayectoria…

VR: Brasil desplegó dos estrategias importantes: primero se puso como objetivo manufacturar autos eléctricos con baterías importadas y luego, utilizando celdas importadas, comenzó a ensamblar los packs de baterías en su territorio.

Hay otros países en América Latina que también están desarrollando planes en torno a la electromovilidad. Colombia tiene un plan de reindustrialización que incluye al sector automotor y al hidrógeno. Ecopetrol busca liderar la transición en Colombia, lo que es clave por el rol de esta empresa en la economía colombiana, incluyendo los ingresos fiscales. Y Claudia Sheinbaum, en México, también ha presentado un plan pensando fundamentalmente en la transición. Chile, aun sin industria automotriz, ha tenido anuncios de inversión para hacer material catódico, que es el paso previo a la producción de baterías.

Pongamos algunos números para ver la relevancia de trabajar en la cadena de valor de estos insumos críticos. Uno puede empezar por la minería y quedarse en la minería y va a capturar, aproximadamente, el 9% del valor generado en la cadena de las baterías. Ascender y pasar de producir carbonato de litio a material catódico implica capturar el 40% de dicho valor. Además, gran parte de las innovaciones para las baterías ocurren en la industria química en la producción de estos materiales. Mejores materiales hacen que una batería se cargue más rápido, dure más, no levante temperatura, tenga el doble de vida útil; es decir, la innovación se produce en esta instancia de la producción de la batería. Aprender a hacer esto, aunque no hagamos la batería entera, sería clave. Actualmente el mercado mundial de baterías genera unos 150.000 millones de dólares, pero podría en 2030 generar unos 500.000 millones. La Argentina actualmente participa, exportando carbonato de litio. En 2024 exportó unas 72.000 ton. a un precio medio de 9.000 dólares la tonelada (unos 650 millones de dólares). Es decir, participa con tan solo el 0,4% del valor total. Continuar con esta estrategia de participar solo exportando carbonato de litio, aun cuando el precio vuelva a niveles mayores, digamos en torno a 20.000 dólares la tonelada y aumentemos mucho las exportaciones, digamos de las 70.000 toneladas que vendemos actualmente a las 300.000 toneladas proyectadas, esto implicaría pasar a capturar el 1,2% del valor esperado de crecimiento a 2030. En cambio, si logramos retener una parte del litio en nuestro territorio y manufacturar baterías, podríamos aspirar a una porción mucho mayor.

Lo mismo podría decirse en el caso del hidrógeno. Si la Argentina se propone producir 5 millones de toneladas de hidrógeno al año (lo que representaría el 5% del mercado global de hidrógeno de 2050), entonces necesitaríamos 55 GW de generación de electricidad. Eso significa pasar de unos 800 aerogeneradores que tenemos actualmente a unos 9.000 o 10.000. Por supuesto, esto supone un incremento enorme para el mercado interno de bienes de capital nacional y eso, a su turno, es la atracción que podría ayudarnos a localizar inversiones productivas aquí. No solo tendríamos el viento, que ya vimos que es un viento más fuerte y estable, sino que podríamos participar en la manufactura de estos aerogeneradores.

 

FIDE: Tomando en cuenta estos ejemplos, productos y sectores, ¿cuáles son los elementos y los condicionantes concretos que deberíamos contemplar para desarrollar una nueva generación de políticas industriales y científico-tecnológicas eficaz?

VR: Un tema importante y complicado es el espacio fiscal que es necesario para el financiamiento de las políticas industriales. Nuestro país no puede desplegar el nivel de subsidios que los Estados Unidos o la Unión Europea utilizan para su desarrollo. Entonces, estamos obligados a pensar en otros instrumentos para, como ya dijimos, capturar parte de la renta e invertirla.

La renta extraordinaria que está detrás de estos recursos críticos nos da espacio para negociar políticas que nos permitan agregar valor.

Estoy obsesionada con simplificar la narrativa en torno a la política industrial. Para mí hay tres cuestiones que son clave: aumentar el contenido local, exportar con más valor agregado e invertir en ciencia y tecnología.

Hay nuevas cadenas y hay inversiones en torno a esas nuevas cadenas; ergo, tenemos que identificar inversiones aguas arriba de los recursos sobre los que hemos estado charlando, por ejemplo el litio, y agregarle contenido nacional. Aguas abajo también tenemos que agregar valor. El objetivo es no exportar carbonato de litio, sino material catódico. Esta inversión, este vector es importantísimo, porque el cátodo está en el centro de la batería que, a su vez, es el centro del nuevo paradigma tecno-productivo. Entonces, si bien todos los sectores industriales son bienvenidos y generan productos y servicios y dan trabajo, hay sectores en torno a los cuales hay un proceso de aprendizaje, generación de capacidades y nuevos productos mucho más relevantes.

Los recursos que tenemos tienen que ser invertidos en estos sectores; no en toda la industria, en forma horizontal. Y a la par, hay que estimular en toda la cadena la inversión en investigación y el desarrollo. Nuestra red de universidades nacionales, el CONICET, entre muchas otras instituciones, delimita un entramado de masa gris que podemos alinear con estos objetivos.

Resumiendo, cuando hablamos de política industrial hay que tener un mensaje claro: las inversiones deben tener contenido local, los productos/insumos críticos tienen que ser exportados con valor agregado y tiene que haber investigación y desarrollo para que estos objetivos no sean meramente declamativos.

Por último, las empresas públicas son fundamentales en esta estrategia, como lo demuestran casos muy cercanos como el de Chile. Por supuesto, vamos a tener obstáculos. Obstáculos de afuera y de adentro.

Los obstáculos de afuera provienen de nuestra debilidad fiscal y los altos niveles de endeudamiento. Como ya conversamos, ahora hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de política industrial y, como no podía ser de otro modo, pone condiciones sobre las políticas industriales eficaces. Básicamente, el FMI dice que no todos los instrumentos de política industrial son buenos, que los subsidios están bien pero que las restricciones al comercio son contraproducentes. Para países como el nuestro, con grandes restricciones fiscales, los subsidios son imposibles en la cuantía en que serían necesarios. Las exportaciones en Indonesia habrían crecido si no se establecían controles a las exportaciones sin valor agregado; pero, cuando se pusieron, crecieron mucho más. Y esto lo reconoce hasta el FMI. La Organización Mundial del Comercio (OMC), por su parte, está en contra del contenido nacional, pero convengamos en que hoy el valor de esta institución es prácticamente cero, y muchos países están implementando políticas de contenido local.

 

 

En resumen, el espacio doméstico para desarrollar política industrial y científico tecnológica es un territorio disputado por las políticas industriales de otros países. Dinamarca quiere hacer política industrial con el hidrógeno argentino. Dinamarca promociona sus aerogeneradores a través de su agencia de crédito a las exportaciones (ECA). La idea es venderle estos aparatos a la Argentina, dado que puede ser un país con gran capacidad de generación de energía eólica. Entonces tenemos que encontrar un punto de negociación, discutir opciones para poder participar en ese paquete tecnológico, abrirlo y que haya proveedores domésticos de algunas partes y piezas de esos aerogeneradores, que radiquen inversiones aquí, para acceder a este mercado.

Como conversábamos al inicio, el mundo ha cambiado mucho. Ahora los países desarrollados están nuevamente desplegando grandes iniciativas de desarrollo. Eso nos deja a nosotros en una posición de dependencia.

En otro nivel de análisis, pero importante también, hoy en la Argentina tenemos la autoestima por el piso. Se trata de un estado de ánimo social y político en el que es difícil pensar en el desarrollo de nuestro país. Si no cambiamos o salimos de esa posición no vamos a poder avanzar. Tenemos los recursos críticos y también tenemos una historia industrial; son dos elementos muy importantes para lograr alianzas intersectoriales para el desarrollo.

Tenemos que entender el rol que pueden tener las universidades, el sector privado, las y los trabajadores y sus sindicatos, los Estados provinciales. Hay que construir estas alianzas para el desarrollo porque enfrente hay coaliciones rentísticas que están previendo sacar provecho de estos recursos en clave extractivista.

La estructura exportadora de la Argentina se va a primarizar porque vamos a exportar más energía, más minería, es decir, más recursos naturales. El desafío es cómo hacer para que detrás de la estructura exportadora haya una estructura productiva diversificada. Es lo mismo que hacen otros países. En Indonesia le están requiriendo a las empresas chinas que agreguen contenido nacional en sus inversiones. Y las empresas chinas acceden. Lo mismo sucede en Tailandia, Brasil, donde están negociando un 50% de contenido nacional. Europa también está negociando con China para la instalación de plantas de autos eléctricos en su territorio. Pedir contenido nacional es como el ABC…

 

FIDE: En resumidas cuentas, hoy la política industrial es parte del herramental básico que los países reservan para sí mismos como herramienta o conjunto de herramientas para aumentar el bienestar puertas adentro, léase el empleo (en cantidad y calidad), las exportaciones y el control de las nuevas tecnologías en la transición hacia nuevos productos y servicios con menor impacto en el ambiente. Con dificultades internas y externas, la Argentina enfrenta un desafío similar ¿correcto?

VR: Exactamente, tenemos un contexto donde prima una nueva perspectiva en torno a las narrativas, en torno a la política.

Tenemos una expansión de las cadenas, un cambio en un paradigma tecno-productivo que lleva a una urgencia por abastecimiento de minerales críticos y energía, lo que estimula inversiones globales que, en algunos casos, están aún por definirse. En otros casos se observa cierta tendencia a la sobrecapacidad, lo que puede ser peligroso. A la par, hay disposición para construir nuevas cadenas de suministro, por cuestiones de índole estratégica, de seguridad y de resiliencia. Esto delimita un contexto en el que, una vez más, la Argentina parece tener oportunidades concretas y cierto poder de negociación en torno a una renta extraordinaria producto de condiciones naturales. A esto se suman las capacidades industriales y científico-tecnológicas que ya tenemos y que podemos desarrollar. En este contexto, negociar contenido nacional aguas abajo y arriba es fundamental y se puede hacer.

Permítanme agregar, para concluir, que la coordinación regional es muy importante para darle escala a los proyectos y para evitar una “carrera descendente” en la que cada país ofrece condiciones menos ventajosas puertas adentro para tratar de anclar la inversión en su territorio.

En este sentido, el Mercosur y el Mercosur ampliado sumado a otras iniciativas y relaciones, por ejemplo, con Chile, Bolivia, Colombia, México, con América Central, pueden ser plataformas muy relevantes. 

En resumen, el cambio del paradigma tecno-productivo está reconfigurando el mapa de la producción global. La Argentina y el Mercosur tienen oportunidades concretas a partir de sus recursos naturales críticos y, también, por su conocimiento y capacidades industriales y científico-tecnológicas. Estas circunstancias implican renta diferencial y poder de negociación para disputar una inserción más beneficiosa en términos de empleo y bienestar.

A pesar de la situación actual y del desánimo, hay condiciones concretas que podríamos aprovechar para desplegar un nuevo y esperado ciclo de desarrollo nacional.

 

 

Publicado en Diálogos 2025

Sabina Frederic

 

“Una política de seguridad progresista no puede ignorar que el Estado neoliberal ha creado inmensas mayorías excluidas. Estos procesos en los que se pierden los trabajos, los ingresos, la tierra y se profundizan las desigualdades se traducen en demandas por más presencia policial y más represión. Las propuestas y líneas de trabajo superadoras demandan cambios normativos, institucionales y políticos.”

 

Sabina Frederic es antropóloga. Recibió su título de grado en la UBA, se doctoró en Antropología Social en la Universidad de Utrecht, de los Países Bajos, y tiene estudios de posdoctorado en la Escuela Normal Superior Laboratorio Maurice Halbwach, de Francia. Sabina es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Quilmes y se especializó en temas relacionados con las fuerzas armadas y de seguridad. En 2014 recibió el Primer Premio Nacional de Cultura, categoría ensayo antropológico, por “Las trampas del pasado. Las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático”, y en 2020 publicó por Siglo XXI “La Gendarmería desde Adentro. De Centinelas de la Patria al trabajo en barrios”. En resumidas cuentas, Sabina Frederic sabe de seguridad —una materia de la que todos hablan y pocos entienden— y ha tenido experiencia concreta como subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa, entre 2009 y 2011, en la gestión de Nilda Garré, y como ministra de Seguridad durante la primera mitad del gobierno de Alberto Fernández. FIDE tuvo la oportunidad de conversar con Sabina a propósito de la publicación de su último libro, “Lo que el progresismo no ve, cuando aborda la seguridad”, editado por Siglo XXI.

 

 

FIDE: Usted estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández. Previamente, en su práctica profesional y como investigadora, se dedicó a estudiar a la policía y a las Fuerzas Armadas. En base a su experiencia en la materia, ¿cuáles son las claves para entender los desafíos en materia de seguridad en la Argentina?

Sabina Frederic (SF): Un primer elemento que me parece imprescindible discutir es qué clase de régimen de Estado tenemos. Esto es relevante para avanzar en un diagnóstico en materia de seguridad, dado que el Estado neoliberal permea o trasvasa todos los gobiernos, incluidos aquellos que pueden ser catalogados como progresistas. La incapacidad o las limitaciones para alcanzar el bienestar de las mayorías a través de buenos salarios y beneficios que permiten que las y los trabajadores transiten su vida y las de su familia de forma digna, tiene como consecuencia una cantidad creciente la población que queda en circunstancias desfavorables, en los márgenes, excluida.

La retracción y la transformación del Estado de bienestar en el Estado neoliberal es un proceso que se ha extendido aún en aquellos países o regiones que fueron reconocidas por su capacidad para incrementar el bienestar de su población. En Europa algunos hablan de la combinación de un Estado penal con un Estado liberal y un residuo de Estado social. Esto es relevante porque la agenda de seguridad se alimenta de la securitización de las desigualdades de la pobreza y las conflictividades. Es decir, la agenda de seguridad se ha construido en la Argentina como el lugar en donde se depositan o se acumulan los emergentes de la desigualdad, la pobreza y la conflictividad asociada a este proceso de exclusión. Todo eso que se empuja a las márgenes, todo aquello de lo que no damos cuenta o que no queremos ver porque no sabemos cómo resolverlo, constituye la agenda de seguridad.

Para que se entienda el vínculo directo entre los problemas que genera el Estado neoliberal y la seguridad puedo poner como ejemplo la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La creación del ministerio respondió a dos hechos. En diciembre de 2010 se produjo la ocupación del Parque Indoamericano¹ y la intervención de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal concluyó con la pérdida de vidas humanas. Unos meses antes, en octubre de ese mismo año, se había llevado a cabo el asesinato de Mariano Ferreyra, en el marco del conflicto de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. En esa coyuntura, CFK decide crear el Ministerio de Seguridad y nombrar a Nilda Garré como ministra. A partir de entonces, la agenda de seguridad fue creciendo y se ha convertido en una de las principales herramientas para gestionar los problemas en las poblaciones que habitan las márgenes de la sociedad. La seguridad en nuestro país lidia, fundamentalmente, con la exclusión y con los excluidos.

Previamente, Néstor Kirchner había duplicado la cantidad de gendarmes y ampliado significativamente su intervención territorial hacia las fronteras, Rosario, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.  Entonces, para resumir, frente al incremento de la población en situación de vulnerabilidad y exclusión, la respuesta del Estado ha sido también aumentar la cantidad de efectivos y la represión. En resumen, lo que sucede en materia de seguridad (o inseguridad) está relacionado con el proceso de las últimas décadas, en las cuales las familias, las y los trabajadores y los jóvenes han ido perdiendo empleo formal, ingresos, salario indirecto, conformando una proporción cada vez mayor de marginados.

 

 

FIDE: El Estado neoliberal se impone al de bienestar, se produce un proceso de exclusión social fruto de la falta de trabajo, la merma de los ingresos familiares y el aumento de las desigualdades y la respuesta en nuestro país ha sido incrementar la presencia policial y la represión, aun en gobiernos que pueden ser calificados como progresistas. ¿Qué estrategias u opciones de política se han despegado digamos, desde el regreso de la democracia, en materia de seguridad?

SF: El Estado Nacional tiene cuatro fuerzas federales: la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, que cuenta con la mayor cantidad de efectivos. En los últimos años, los gobiernos incrementaron notoriamente la cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad; en el caso particular de la Gendarmería, se multiplicó por dos. La policía de la Provincia de Buenos Aires también se duplicó, esta fuerza sumaba unos 54.000 efectivos en 2004 y hoy está en torno a los 100.000 policías. Este proceso se repite en casi todas las provincias argentinas. Nuestra respuesta a los problemas de seguridad causados por la falta de trabajo, la caída de los ingresos y el aumento de la desigualdad ha sido la saturación policial.

Hoy en la Argentina tenemos 600 efectivos por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendado por Naciones Unidas es 250 por cada 100.000 habitantes. En la Ciudad de Buenos Aires la proporción es aún mayor, de 1.100 efectivos por cada 100.000 habitantes. Entonces, en las últimas décadas nuestra respuesta a los problemas de seguridad ha sido duplicar o triplicar el número de policías o efectivos de las fuerzas de seguridad, es decir, aumentar la saturación e incrementar la represión. Y, sin embargo, las principales demandas siguen siendo —y fueron las que yo tuve cuando fui ministra— más efectivos y más represión. En este punto, el origen de los conflictos e, incluso, el signo político del gobierno y/o de los gobernadores no importa, casi todos piden los mismo: Gendarmería.

Me gustaría traer un solo número para dar cuenta del aumento de la población en estado de vulnerabilidad. Durante la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (el IFE) fue solicitado por más de 13 millones de personas. Luego, con algunos filtros, hubo 9,5 millones de personas que obtuvieron el beneficio. Es un número enorme en comparación con la población total de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de precarización y marginalidad no estamos hablando de un fenómeno menor, sino todo lo contrario. Podríamos aventurar que ese crecimiento geométrico de los efectivos policiales a nivel federal y provincial es consecuencia del incremento de la población que vive en la informalidad y/o la ilegalidad.

 

FIDE: La demanda en favor del aumento de efectivos está clara. En cuanto a la demanda por más represión por parte del Estado, ¿frente a qué circunstancias o episo-dios se incrementa la demanda por más represión?

SF: Los dos conflictos que han generado mayor demanda de represión durante mi gestión estuvieron relacionados con los cortes o amenazas de cortes en el transporte público, en particular los cortes regulares que se producían en los trenes por parte de los trabajadores tercerizados y con la disputa por la tierra, en particular en torno al caso de los mapuches², en el sur del país.

En el caso de los cortes al servicio de transporte, se pueden ver los efectos, las consecuencias del Estado neoliberal. Las y los trabajadores tercerizados son un resultado de las políticas de precarización laboral implementadas en los años ‘90, durante la gestión de Carlos Menem, que no cesaron posteriormente. Se trata de un asunto que no se pudo resolver o que no pudo abordarse por completo o que se resolvía para una parte de los trabajadores, pero luego se replicaba con otro tipo de trabajadores, por ejemplo, aquellos a cargo de las tareas de limpieza en los ferrocarriles. Como dijimos, ya en el gobierno de CFK se produce el dramático episodio que termina con el homicidio de Mariano Ferreyra y cuyos protagonistas eran los trabajadores precarizados del Ferrocarril Roca que demandaban el pase a planta permanente³. Se trata de trabajadores que muchas veces tienen las mismas tareas que los que están en relación de dependencia y que tienen menos ingresos y beneficios, y a las que se suman condiciones muchas veces inexplicables de desvalorización de sus tareas como, por ejemplo, falta de lugares donde cambiarse la ropa.

El segundo tipo de conflictos que aumentó la demanda de represión fue el de las comunidades de mapuches que también recordarán que, en un primer momento, estaba concentrado en la comunidad del Lago Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro. Esos conflictos por la tierra en esa provincia son consecuencia de decisiones que ha tomado el gobierno provincial a través de un proceso pseudolegal impulsado por la Dirección de Tierras de la provincia, mediante el cual se avanza con la expropiación de tierras fiscales entre 2005 y 2012, que eran territorios ancestrales de los pueblos originarios y criollos, para transferirlos a manos privadas. Este proceso fue tan conflictivo y desatinado que se generó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro para estudiar los mecanismos a través de los cuales se produjo la expropiación de esas casi 500.000 hectáreas de tierras fiscales. Simultáneamente, para atender ese y otros conflictos de las comunidades originarias de la Argentina en su reclamo por la tierra, en el año 2006 Néstor Kirchner promueve la aprobación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que frena los desalojos. Pero esa ley nacional poco cambió el estado de cosas en una provincia como la de Río Negro, que no solo no la cumplió, sino que venía profundizando el problema a través de aquellos mecanismos pseudolegales. El fenómeno en este sitio fue que las comunidades desplazadas que se habían instalado en el alto Bariloche, expropiadas de sus tierras ancestrales, comienzan a agruparse para luchar por la recuperación y la identificación indígena. La muerte de Rafael Nahuel⁴ a manos de las fuerzas de seguridad durante la primera gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el gobierno de Macri es una de las consecuencias de esta decisión en torno a la tierra de los pueblos originarios.

En ese proceso podemos ver, otra vez, cómo el neoliberalismo va generando desplazados que se acumulan en las zonas más pobres del país. Y luego se instalan conflictos de todo tipo en torno a estas exclusiones que se securitizan. Durante el gobierno de Alberto Fernández en nuestra gestión sostuvimos una mesa de resolución alternativa de conflictos con toda la prensa hegemónica en contra y otros actores que operaron más o menos en la sombra. Ese instrumento de diálogo y negociación frenó los desalojos y la violencia de Estado. Con nuestra salida del Ministerio de Seguridad, se desactivó la mesa de diálogo y al año, bajo la conducción de Aníbal Fernández, las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche del Lago Mascardi.  Esto derivó en un escándalo cuando cinco mujeres de la comunidad fueron detenidas y trasladadas de Bariloche a la cárcel de Ezeiza, por orden judicial.   Como se ve, se trata de conflictos que son de larga duración donde la privación de derechos laborales o al hábitat está siempre al servicio de intereses extractivistas o rentistas.

 

FIDE: Para completar el diagnóstico, ¿tenemos datos que nos ayuden a entender lo que está pasando en materia de seguridad/inseguridad en la Argentina?

 

SF: Sin duda los datos son un elemento imprescindible para generar un diagnóstico acertado en materia de seguridad. Necesitamos datos duros, objetivos y legítimos para evaluar las políticas y las gestiones. Sin embargo, casi el único dato que tenemos que cumple con estos requisitos es la tasa de homicidios.

En la Argentina los homicidios están a la baja hace 10 años. Teníamos, aproximadamente, una relación de 8 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2014 y hoy estamos en 4, salvo Rosario, ciudad en la que esa relación ha sido bastante más elevada. Es decir, la Argentina es un país donde la violencia letal no es muy alta, lo cual no quiere decir que no haya delitos, muchos de ellos con gran violencia, inseguridad e incluso episodios de terror en la población por casos puntuales que generan gran conmoción por sus características hiperviolentas y deshumanizantes. Pero como no tenemos buenos datos sobre otros hechos delictivos que sean objetivos y estén legitimados, nos cuesta generar un diagnóstico certero que de cuenta de todos los delitos, su interacción y la situación general de la seguridad, que es una suma de todo lo que pasa en el territorio.

Hay otros datos de buena calidad. Los hay, por ejemplo, en la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, que depende del Ministerio Público Fiscal. Ellos tienen datos interesantes sobre las causas que se inician por delitos a la Ley de Drogas. La provincia de Buenos Aires también tiene buenos datos, pero lo que no tenemos es un corpus de datos, relacionados entre sí, que sea reconocido por decisores políticos, expertos y académicos para la evaluación y el diseño de políticas y en torno a los cuales se construya una legitimidad social más amplia.

 

FIDE: Además de los datos, ¿qué otros elementos serían necesarios para articular una agenda efectiva en materia de seguridad?

 

SF: La seguridad es un campo de saberes del sentido común donde, por definición, cualquiera puede hablar. Para poner un ejemplo, más allá de que todo lo relacionado con la pandemia ha quedado en un lugar que creo que deberíamos revisitar y resignificar, durante la primera etapa del COVID el Ejecutivo tuvo la sabiduría de montar un comité de expertos y expertas, de científicas y científicos. Esa decisión fue muy importante porque se logró que gran parte de la discusión fuera técnico-científica. Incluso en los medios de comunicación se convocaba médicas y médicos para consultarlos, se valoraba el conocimiento en un tema crítico para la sociedad.

En los temas vinculados con la seguridad eso no ocurre; entonces se torna un terreno hipercontestable, de controversias y polarizaciones. Y por contestable entiendo una situación en la que cualquiera puede decir cualquier cosa y donde priman las figuras rimbombantes y performáticas. Se trata de personas con cierta capacidad histriónica para instalarse en el ámbito público. Estas figuras son, desde mi punto de vista, una suerte de síntoma de la impotencia del Estado para resolver algunos problemas. Son figuras que dicen saber, que tranquilizan, que se convierten en referentes y que convierten ‘su ley’ en ‘la ley’, aunque esta ley no sea la verdadera. Estas figuras tranquilizan, desvían el problema y hacen de pararrayos. “Se llevan la marca”, como se dice en política. Entonces estos ámbitos poco profesionales y estas figuras funcionan, cumplen un rol, pero no resuelven los problemas y muchas veces solo conforman un espectáculo en torno a la inseguridad.

En paralelo, y para no plantear un escenario naif, por supuesto la cuestión de la seguridad y la inseguridad está alimentada por los negocios espurios, por el involucramiento de las fuerzas de seguridad, las ‘cajas’, las ‘valijas’ que circulan, la publicidad de empresas de seguridad, de abogados penalistas… hay todo un universo que se articula en torno al funcionamiento mediático de la seguridad. Esto incluye también otras herramientas que, por supuesto, son útiles, como las cámaras de seguridad, sean éstas públicas o privadas. Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes, que generan un circuito y que explican también el notable crecimiento de la seguridad privada donde, por otra parte, los dueños y gerentes son excomisarios. Es un circuito con muchos elementos que se retroalimentan, pero que está lejos de resolver los problemas e, incluso, dificulta una discusión seria, de fondo y técnica sobre los problemas de inseguridad y los delitos.

También debemos tener claro que tanto los jóvenes que cometen delitos menores como algunos efectivos de las fuerzas tienen estímulos concretos para sumarse a las bandas que llevan adelante los delitos más complejos. Hay un trabajo muy bueno de Eugenia Cozzi, que se llama “De ladrones a narcos: violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento”, que muestra cómo las bandas en Rosario pasaron de negociar con la policía a trabajar con la policía. Es ahí cuando se perdió la autoridad y el control sobre el territorio. Y, por supuesto, está el tema importantísimo de los fondos, los enormes ingresos que genera el narco y se introducen en el circuito formal en esa ciudad, a través de las actividades de lavado llevadas adelante por una gran cantidad de personas y empresas.

Otro elemento o clave para ir pensando una agenda efectiva en materia de seguridad refiere al área de investigación o inteligencia criminal, que es, de alguna manera, la contracara de la saturación policial. Hoy la única herramienta que utilizamos, o la más importante, la que más financia el Estado, es la saturación policial, movilización masiva de efectivos. Esto puede resultar útil para disuadir en algunas zonas o para controlar el delito predatorio callejero, pero no alcanza y no sirve para combatir los delitos más importantes, los más sofisticados.

Durante nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad avanzamos en torno a la idea de fortalecer la capacitación para promover las tareas de investigación criminal. Para nosotros era muy importante fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad para intervenir en las investigaciones criminales, es decir, en el marco de causas. En esas causas, en esas investigaciones, también es fundamental el trabajo con otras áreas del Estado: la AFIP (hoy ARCA), la Aduana, entre muchas otras dependencias que tienen información muy valiosa. Son sinergias imprescindibles para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de personas, entre otros. También se manifiesta un grado elevado de desarticulación con el Poder Judicial entre los niveles provinciales y federales y entre agencias civiles y agencias policiales —por ejemplo, la ANAC— y el recelo por compartir la información resulta en enormes escollos en el combate de los delitos más grandes y complejos. Hay casos emblemáticos, como son los vuelos irregulares desde Uruguay con drogas que ingresan al territorio argentino.

En este aspecto, la relación entre agencias estatales presenta una gran laguna, producto de conflictos interinstitucionales que disminuyen significativamente la eficacia de las acciones en materia de seguridad. Navegamos a tientas allí donde se requeriría mucha más inversión pública y más articulación.

Por último, hay una obligación legal de los servicios penitenciarios para que los presos, luego de cumplida su pena, puedan tener condiciones para reinsertarse en la vida y alejarse del delito. Se hace muy pero muy poco en esta materia. No hay educación garantizada en las cárceles, tampoco hay capacitación y tampoco trabajos, aun cuando la ley del servicio penitenciario así lo indica. Los programas que sí funcionaron que ofrecían salidas laborales concretas fueron diseñados e implementados —exitosamente— por cooperativas de liberados. Pero en este contexto de recortes presupuestarios y demonización de la tarea comunitaria y cooperativa, dudo que este tipo de programas pueda subsistir.

 

FIDE: ¿Qué opinión le merece la gestión en materia de seguridad del actual Gobierno?

 

SF: Aporto algunos datos para encarar la respuesta. Las cifras indican que durante 2024 el 10% de los asesinatos se produjo en ocasión de robo, el 56% está asociado a los mercados ilegales y el 30% ocurrió puertas adentro de los domicilios, es decir, producto de conflictos intrafamiliares. Entonces, cuando el Gobierno nacional plantea un proyecto de ley para modificar el régimen de portación de armas, para flexibilizar las condiciones de tenencia y portación, puede estar en forma indirecta promoviendo desenlaces fatales en el marco de los conflictos entre las personas, en las familias que explican nada más y nada menos que el 30% de los asesinatos. Lo que se observa, entonces, es una dinámica de instalar slogans y promover iniciativas que no van a resolver los problemas de fondo y que, quizás, los incrementen.

Por otro lado, poner a las fuerzas federales a reprimir sistemáticamente las manifestaciones pacíficas en torno a demandas legítimas, más allá de que el Gobierno no las comparta, es algo que no pasó nunca con la intensidad que ha desplegado este Gobierno, bajo la conducción de Bullrich. El único antecedente proviene de 2017, durante la gestión de Macri, y también fue en una marcha de los jubilados… y Bullrich también era ministra.

Han decidido desplegar a las cuatro fuerzas federales cada vez que se trata una ley importante o que se produce una concentración de personas. Eso es totalmente extraordinario y, francamente, pegarles a los jubilados es también denigrante para muchos de ellos. Esos trabajadores y trabajadoras también tienen que volver a sus casas, a sus barrios, no es fácil para ellos y ellas. Debe haber habido tensiones al interior de la fuerza por este despliegue sistemático, donde hemos tenido episodios como el gaseo de una niña en una manifestación⁵. Ese video fue enviado a la prensa por el jefe de la Policía Federal. Eso demuestra que hubo tensión hacia adentro de la fuerza; el Gobierno tiene un problema porque está poniendo a las fuerzas de seguridad en contra de la gente, una vez más.

Como vimos, las cifras indican que el peso de los conflictos entre personas, en las familias, es elevado. Y estos fenómenos han venido creciendo y también son el producto de tensiones provocadas por las dificultades económicas, entre muchas otras, por supuesto. Pero se ven conflictos muy severos, con desenlaces dramáticos, donde se pierden vidas. Eso evidencia también la falta de mecanismos y de instancias de negociación en los barrios, en las escuelas y otras instituciones que están en el territorio para que los problemas puedan canalizarse sin llegar a la violencia. Ahí también se ve cómo la desarticulación de los lazos sociales y de los espacios comunitarios es un camino fallido, que nos aleja de las soluciones. 

 

FIDE: En este contexto, y volviendo a las propuestas, ¿cuáles serían los elementos para pensar políticas de seguridad desde una perspectiva progresista?

 

SF: Los márgenes de maniobra de una política de seguridad progresista son extremadamente estrechos y contrarios al pulso electoral. Todos los expertos en temas electorales, incluidos los que asesoran a las fuerzas nacionales y populares, indican que hay que inclinar el discurso en favor de lo que se conoce como “mano dura”. Mi opinión, sin embargo, es que podemos expandir ese angosto desfiladero de políticas de seguridad más allá de las mayorías, pero requiere cambios, institucionales y legislativos para poder atacar los delitos sostenidos en organizaciones más complejas con mayor connivencia de agentes estatales.

El primero de estos cambios está relacionado con el negocio clandestino de las drogas y la discusión en torno a su legalización. El crecimiento de la tasa de la población carcelaria en la Argentina nos permite explicar el problema. En 2003 teníamos 125 detenidos cada 100.000 habitantes en todo el sistema carcelario federal y provincial. Hoy tenemos 250. Este crecimiento se produjo durante gobiernos de distinto signo político. Esto es importante porque desecha la idea de que hubo “mano blanda” durante los gobiernos progresistas de las últimas décadas.

Paralelamente, la mayor parte de la población carcelaria son varones, pero hay una proporción creciente de mujeres. Para explicar estos datos y su trayectoria es importante trabajar sobre la ley de drogas vigente que se aprobó en 1989, es decir, una ley que ya tiene más de 30 años y que solo ha logrado aumentar la población carcelaria, en particular entre las poblaciones más empobrecidas, pero que no ha sido efectiva para mejorar la salud de la población o controlar las adicciones, los consumos problemáticos y mucho menos para reducir el mercado.

En estos temas, como ya dijimos, el diálogo inter-institucional es fundamental porque hoy problemas de salud, de cuidado, de falta de recursos, de deserción estudiantil… son problemas que no se resuelven hostigando a los pobres y tampoco se resuelven con saturación policial. El sistema de atención de personas con problemas de adicción en nuestro país es un desastre, no hay servicio psiquiátrico público de emergencia, la mayor parte de los jóvenes que delinquen en las barriadas son adictos, con frecuencia con altos niveles de violencia. Como no hay otras respuestas, la responsabilidad sobre estos chicos recae en la policía. Entonces, creo que hay que pensar en una modificación de esa ley, que despenalice el consumo y que regule la comercialización. Este planteo, como mínimo, tenemos que pensarlo y ver otras experiencias al respecto; hay más policías, hay más gente en la cárcel (en ambos casos, en relación con la población total) y no hemos tenido buenos resultados. Por supuesto, también hay que tener en claro que un mundo sin drogas no existe. 

Otro problema al que nos tenemos que abocar es el de los conflictos entre jurisdicciones. El Estado nacional perdió mucha capacidad y perdió jurisdicción, casi no hay jurisdicción federal. La Nación tiene jurisdicción solo sobre las rutas, las fronteras, pero hemos perdido capacidad para decidir adónde desplazar las fuerzas de seguridad federales y hay un tire y afloje permanente y poco productivo con las provincias. La Ley de Seguridad Interior es de 1992 y creó el sistema de seguridad tal cual lo conocemos hoy y, a su vez, dio origen al Consejo Federal de Seguridad Interior, en el que se reúnen todos los ministros y ministras de Seguridad. Pero esa instancia solo funciona para tareas de coordinación; no hay verdadero poder de decisión, el ministro o la ministra encargada de la seguridad nacional no tiene poder de decisión en ese Consejo. Tampoco hay un registro ni sistematización de causas judiciales concluidas para análisis ex post en el Ministerio de Seguridad. Tampoco existe un espacio donde se pueda tener conocimiento en tiempo real de todos los delitos que ocurren en la Argentina, cada municipio tiene sus mapas de delitos, cada provincia los suyos, pero no tenemos un mapa de delito nacional; entonces caminamos a ciegas, a tientas, con información parcial en delitos muy complejos y que se interrelacionan entre sí.

Durante nuestra gestión hicimos algunos entrecruza-mientos de información con las 300 causas de los juzgados federales en Rosario y en el análisis de inteligencia criminal descubrimos que no había dos bandas, Los Monos y Los Alvarado: eran más o menos unos 100 clanes familiares que, además, tienen muchas vinculaciones entre sí. En estas causas había mucha información repetida y nadie la había cruzado ni sistematizado. Cuando ofrecimos esta información, la respuesta fue que necesitaban más presencia policial. Lógico, porque como ya dijimos ahí está la demanda de la población y eso suma en los discursos políticos, pero no ayuda a tener la información y las estrategias necesarias para combatir verdaderamente el delito.

También hay que reforzar la cooperación en materia de seguridad con los países limítrofes, porque esa cooperación solo existe sobre la base de vínculos personales entre gendarmes, prefectos o policías federales que desempeñaron tareas de representación en los países vecinos o cursos, y entonces desarrollaron una red profesional y personal. La cooperación policial que tenemos en la región es esta, está anclada en relaciones personales. Por supuesto, hay una serie de organismos, AMERIPOL, que es la comunidad de policías de América, pero que otra vez es como un club: no funciona como una plataforma para intercambiar institucionalmente información sensible y acordar estrategias conjuntas. Luego está la EUROPOL, en la Unión Europea, que ofrece su experiencia en la construcción de la policía transfronteriza, pero que poco tiene que ver con nuestros problemas y que no ha servido para la articulación regional. Entre otras reformas que deberían haber sucedido en el marco de la nueva Policía Federal Argentina, está la creación de una Agencia Federal de Investigaciones, que debería estar orientada a pensar estos asuntos en lugar de repetir lo que ya hacen otras instituciones como la Gendarmería, la Prefectura o inclusive la Policía de la Ciudad.

 

FIDE: Para concluir, ¿cómo podemos pensar a las fuerzas de seguridad en una clave positiva, como parte de esta agenda en favor de la seguridad?

 

SF: El escenario que se viene va a ser seguramente de agudización de los conflictos y hay que tener claro que no hay política progresista de seguridad sin mecanismos que protegen y amplían derechos a condiciones y regímenes de trabajo dignos, a la actualización permanente de su especialización y adiestramiento, a la equidad en materia de género, entre otros, de los y las integrantes de la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen prohibida la sindicalización y eso incrementa la responsabilidad de la conducción política para velar por las condiciones de trabajo y de los derechos laborales. Nosotros creamos el Ministerio, una Subsecretaría de derechos, bienestar y género y un Consejo Asesor de Bienestar de las Fuerzas Federales. La sindicalización es un debate pendiente en la región, solamente Uruguay tiene sindicalizada la Policía, como en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Allí hay sindicato, sin derecho a huelga.

También es importante notar el desafío que significó para las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas llevar adelante un nuevo rol. El ejemplo de la pandemia, una vez más, es categórico. El aporte que realizaron las fuerzas federales a través del despliegue en el marco de la normativa que impedía la circulación y determinaba una parte de la población como trabajadoras y trabajadores esenciales y, por lo tanto, con permiso a circular, fue muy importante. Era una normativa compleja, que había que implementar en tiempo real, el riesgo era muy elevado y no tuvimos ningún episodio violento, ninguno. En algunas provincias hubo dificultades con las fuerzas provinciales, pero en el caso de las federales el desempeño y el aporte fue muy importante y con muy buenos resultados. Por supuesto, la supervisión por parte de las y los funcionarios civiles del Ministerio fue clave en este desempeño. Ahora parece alejado, casi como si fuesen imágenes de una película, pero esos agentes, hombres y mujeres, que estaban en la calle, estaban con alto riesgo de contagiarse y luego eran rechazados en sus casas… fueron tiempos muy difíciles.

Para terminar, yo diría que hay que redirigir la inercia del Estado. No concibo un gobierno progresista que reproduzca el asedio a la población de las barriadas populares y el incremento de la población carcelaria. El resultado de estas prácticas es más causas en flagrancia y por tanto más gente presa por delitos menores y menos capacidad para desalentar el funcionamiento de los delitos complejos. La enorme impotencia y frustración que esto genera en las fuerzas de seguridad estimula la desazón y luego la falta de compromiso y el mal desempeño. El 36% de las causas por delito de drogas es por consumo. Es un dispendio de recursos públicos. Los datos también indican que en algunas provincias hay un incremento en los últimos años de los homicidios cometidos por la policía.

Hay mucho por hacer. Pero se requiere un acuerdo político profundo para poner a la seguridad en un lugar de saber, de cuidado, de conocimiento e investigación y no solo en el lugar de la represión o la persecución de la gestión de población más vulnerable.

 

 

Publicado en Diálogos 2024