Alquimias para llegar a octubre
Con la aceleración de las condiciones críticas, fueron quedando en el camino las aspiraciones oficiales de lograr una reversión del ciclo recesivo y una desaceleración firme de la inflación.
Se consolidan las señales de que este año la economía volverá a registrar una caída en torno al 2% y que el aumento de los precios al consumidor tendrá un piso del 30%. Metida en la encerrona de las altas tasas de interés para frenar la fuga y un ajuste fiscal sin precedentes, la política económica no dispone de muchos resquicios para modificar el actual estado de cosas. Sobrevuela un convencimiento tácito de que el desenlace inevitable de este proceso es una nueva devaluación. Las apuestas discurren en torno a si el evento ocurrirá antes o después de las elecciones nacionales. En ese marco, el mono-objetivo es mantener el dólar calmo hasta octubre. Después, Dios dirá.
El FMI, consciente de que los fondos prestados a la Argentina han servido para viabilizar la fuga de capitales, en vez de demandar que se interrumpa esa sangría le impone al Gobierno restricciones para intervenir en el mercado de cambios. El desembolso de la primera semana de abril por casi 11.000 millones de dólares, si bien engrosa las reservas internacionales, no podrá ser utilizado libremente. El BCRA deberá operar bajo ciertas condiciones que achican de manera sensible su poder de fuego para conjurar exitosamente otra oleada dolarizadora en la etapa pre electoral.
La economía argentina está sumergida en una dinámica que no encuentra vías de resolución dentro de su misma lógica. Se hace difícil pensar que sea posible emparchar este esquema sin evitar crisis recurrentes. Es cada vez más evidente que la fase por la que atraviesa la economía mundial no resulta la más adecuada para garantizar la sobrevida de experimentos de apertura comercial, financiera y de la cuenta capital como el desplegado en la Argentina a partir de 2015. Los reportes de los organismos internacionales, incluyendo al FMI, alertan sobre las señales de desaceleración del crecimiento del producto y el comercio mundiales, sobre las tensiones proteccionistas, sus impactos adversos sobre los precios de las commodities y la fuerte incertidumbre y volatilidad financiera predominante.
Probablemente fue la incapacidad para leer adecuadamente tales condiciones internacionales la que precipitó la crisis del proyecto económico oficial, comprometiendo seriamente sus chances en las próximas elecciones de octubre. No sorprende entonces la preocupación de los funcionarios del FMI ni sus intentos infructuosos por generar entre las fuerzas políticas de la oposición cierto respaldo a la continuidad del acuerdo: “sería una tontería cambiar el rumbo acordado”, aventuró recientemente Madame Lagarde. Aunque afirmen lo contrario, es indisimulable que el programa no está convergiendo hacia ningún equilibrio y que el cronograma de vencimientos de deuda que deberá enfrentar el próximo Gobierno es inabordable. La necesidad de renegociación ya parece estar fuera de discusión. Ciertamente, el problema es de las dos partes: el nivel de exposición que el FMI tiene con la Argentina es muy alto: nuestro país es su principal deudor. La capacidad para sentarse a negociar un programa de repago consistente con las prioridades del crecimiento y la inclusión social, no solo demandará descartar las reformas neoliberales que integran su agenda, sino, fundamentalmente, garantizar consensos en torno a un programa alternativo con la legitimidad social y política necesaria para tornarlo viable.
Mercedes Marcó del Pont
