Revista FIDE n°429
Blindar el modelo: reformas para limitar la capacidad de decisión futura
El Gobierno busca retomar la iniciativa política impulsando una agenda de reformas estructurales con el firme respaldo del establishment económico que, ante la incertidumbre electoral del próximo año, presiona para acelerar la aprobación de leyes funcionales a sus intereses. Se trata de una agenda que excede ampliamente las exigencias del FMI y apunta a desmantelar marcos regulatorios que limitan la maximización de la renta del poder económico, en particular de la renta financiera.
Las propuestas de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Tierras constituyen ejemplos elocuentes de esa ofensiva. Se suman a cambios ya implementados o en curso como el RIGI, la reforma laboral, la reducción de los impuestos más progresivos o la modificación de la Ley de Glaciares. Estas iniciativas configuran una profunda reorientación del marco institucional, que acentúa la desindustrialización y la regresividad distributiva, y restringe la capacidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo yproteger recursos estratégicos.
Esta orientación también se expresa en la política exterior. En un marco de fuerte alineamiento con Estados Unidos, el Gobierno ha reducido márgenes de autonomía en materia comercial, de seguridad y de compromisos internacionales vinculados con los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo. La injerencia en el proceso electoral brasileño y los reiterados agravios del presidente argentino hacia Lula da Silva también se inscriben en este alineamiento e inoculan un foco de conflicto regional que afecta la relación con Brasil, principal socio comercial de la Argentina.
La aceleración de las reformas responde entonces a un objetivo político de largo plazo: institucionalizar un conjunto de reglas que limite el margen de acción de un eventual gobierno de signo diferente y dificulte la reversión del programa económico actual. Al mismo tiempo, busca sostener la confianza de los mercados en la antesala del proceso electoral, consciente de que la continuidad del esquema macroeconómico depende de evitar una dolarización de carteras que conspire contra la pax cambiaria. La relativa estabilidad de precios, sostenida por el ancla cambiaria y la caída de los ingresos reales del trabajo y del consumo, constituye hoy el principal activo político del oficialismo, aunque insuficiente para revertir el deterioro productivo y social.
La viabilidad de esta estrategia se ve favorecida, finalmente, por la ausencia de una alternativa política capaz de articular un proyecto de desarrollo con respaldo social mayoritario. La debilidad de la oposición amplía las posibilidades del oficialismo de consolidar un entramado institucional destinado a trascender su propio mandato y condicionar las opciones de política económica de futuros gobiernos.
En diálogo con FIDE, Sebastián Soler reflexiona sobre los espacios disponibles para abordar las consecuencias conjuntas de la red de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), la prórroga de jurisdicción ante tribunales internacionales y el CIADI, herencias neoliberales de los ’90, cuyos condicionamientos se verán exacerbados por las políticas del actual Gobierno.